La gobernadora Kathy Hochul ha expresado su profunda preocupación ante las recientes propuestas del proyecto de ley de reconciliación presupuestaria promovido por los congresistas republicanos, que amenaza con recortar significativamente el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido en español como cupones de comida.

Este programa, que ha sido una pieza clave en la lucha contra el hambre en Estados Unidos, especialmente en estados como Nueva York, donde más de 1.7 millones de hogares dependen de sus beneficios, podría enfrentar recortes que afectarán tanto a las familias más vulnerables como a la economía local.

Desde su creación en la década de 1960, SNAP ha sido una de las principales herramientas del gobierno federal para garantizar que las personas en situación de pobreza puedan acceder a alimentos nutritivos.

En sus primeros años, el programa fue una respuesta a la creciente inseguridad alimentaria en el país, y con el tiempo se ha convertido en un pilar del sistema de bienestar social estadounidense.

En Nueva York, el programa ayuda a aproximadamente 2.9 millones de beneficiarios, la mayoría de los cuales son niños, adultos mayores o personas con discapacidades, quienes reciben en promedio unos 6 euros diarios en beneficios, una cantidad que, aunque modesta, resulta vital para muchas familias.

Hochul ha señalado que la propuesta republicana busca trasladar costos exorbitantes a los estados y gobiernos locales, con un impacto estimado de hasta 1.900 millones de euros anuales solo en Nueva York. Esto representaría una carga financiera que los presupuestos estatales y municipales no podrían absorber, poniendo en riesgo programas de apoyo adicionales y servicios esenciales.

El proyecto de ley también propone cambios en los requisitos laborales para los beneficiarios, exigiendo que ciertos grupos prueben que trabajan al menos 80 horas al mes.

Si no cumplen con estos requisitos, en muchos casos, perderían sus beneficios durante hasta tres años. Estas disposiciones, además de ser severas, carecen de fondos adicionales para apoyar a los beneficiarios en su búsqueda de empleo, capacitación o en servicios complementarios como el cuidado infantil o transporte, lo que podría agravar aún más la inseguridad alimentaria.

Históricamente, los recortes y cambios en SNAP han sido un tema polémico en Estados Unidos, generando debates sobre la responsabilidad social y el impacto económico.

La propia USDA ha evidenciado que cada dólar invertido en SNAP genera aproximadamente 1,54 dólares en actividad económica en las comunidades, ya que los beneficiarios gastan sus beneficios en supermercados, mercados agrícolas y pequeños comercios.

En Nueva York, esto se traduce en unos 12.000 millones de euros en circulación económica anual, beneficiando a miles de negocios, desde tiendas pequeñas hasta agricultores locales.

Las voces oficiales y organizaciones sociales en Nueva York coinciden en que estos recortes no solo reducirían la ayuda esencial para millones de familias, sino que también perjudicarían a los productores agrícolas, comerciantes y a toda la cadena alimentaria.

Programas como Nourish NY, que conecta a los agricultores con las comunidades necesitadas, y las iniciativas de alimentación escolar, que en el actual presupuesto estatal recibieron una asignación de 290 millones de euros, serían severamente afectados.

El impacto en los agricultores y los comercios locales sería devastador. En un estado como Nueva York, donde la agricultura urbana y rural coexisten y se fortalecen mutuamente, la disminución de la demanda por productos frescos afectaría tanto a pequeños agricultores como a mercados campesinos y ferias agrícolas.

Esto, a su vez, generaría pérdida de empleos y cierre de negocios, creando un efecto dominó que se extendería por toda la economía regional.

El gobernador Hochul ha hecho un llamado a los líderes del Congreso para que reconsideren estas propuestas y protejan los fondos destinados a SNAP, enfatizando que la alimentación adecuada es un derecho fundamental.

Además, ha destacado que programas complementarios, como el aumento en la inversión en desayunos escolares gratuitos y en infraestructura para la producción local, son esenciales para fortalecer la seguridad alimentaria y promover el desarrollo económico sustentable.

En el contexto histórico, las políticas públicas en materia de asistencia alimentaria han sido un reflejo de los valores sociales y la responsabilidad colectiva.

La lucha contra el hambre en Estados Unidos ha evolucionado desde programas puntuales hasta un sistema complejo que requiere inversión continua y compromiso político.

La propuesta republicana, que busca reducir estos fondos en un momento en que la inflación y el costo de vida aumentan, pone en jaque estos avances.

Organizaciones como No Kid Hungry y la Red de Acción Comunitaria han expresado su rechazo a los recortes, advirtiendo que millones de niños, adultos mayores y personas con discapacidades en todo el país, incluyendo a Nueva York, enfrentan un riesgo tangible de inseguridad alimentaria.

La comunidad internacional observa con atención, ya que Estados Unidos, como uno de los países más ricos del mundo, tiene la obligación moral y ética de garantizar que nadie pase hambre.

En suma, las propuestas de los republicanos no solo representan un retroceso en la política social, sino que también amenazan con socavar la recuperación económica y el bienestar social en Nueva York y en todo Estados Unidos.

La gobernadora Hochul y las organizaciones sociales hacen un llamado urgente a la acción, instando a los congresistas a proteger programas que han demostrado ser efectivos en reducir la pobreza y promover la equidad social.

La historia muestra que invertir en la seguridad alimentaria es una inversión en un futuro más justo, saludable y próspero para todos.