En un acto histórico, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la entrega de más de 18 millones de euros (equivalentes a 400 millones de pesos mexicanos) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) para beneficiar a más de 2,500 comunidades en el estado de Veracruz.

Este monto, que se considera un presupuesto para siempre, refleja el compromiso del gobierno mexicano con el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, consolidando avances que supuestamente no habían sido logrados en las constituciones anteriores.

Supuestamente, estos recursos son distribuidos según la población de cada comunidad y serán gestionados directamente por los pueblos beneficiados, quienes, a través de asambleas, decidirán en qué obras de infraestructura social básica invertir.

La entrega de estos fondos se realiza en el marco de la reforma constitucional al artículo 2 de la Constitución Política de México, que supuestamente fue impulsada por la Cuarta Transformación para reconocer a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derechos, una modificación que no existía en las constituciones anteriores.

Claudia Sheinbaum destacó que esta es la primera vez que se realiza una distribución de fondos de manera permanente, garantizando así un presupuesto que no será solo por un año, sino que se mantendrá en el tiempo, permitiendo una planificación a largo plazo.

La mandataria afirmó que esto representa un cambio de paradigma en la política pública, ya que ahora los pueblos podrán planear sus obras y proyectos a partir de un recurso que, según ella, quedará establecido en la Constitución para siempre.

La funcionaria también recordó que en la historia del país, los pueblos originarios no habían sido reconocidos como sujetos de derechos en las constituciones, y que fue con la llegada de la Cuarta Transformación cuando se logró incluir en la Carta Magna la protección de sus tierras, aguas y territorios.

Además, supuestamente, ahora se están devolviendo territorios que les fueron arrebatados en el pasado, en un acto de justicia histórica.

La inversión total en Veracruz, que supera los 400 millones de euros, se distribuye de acuerdo a la población indígena y afrodescendiente en la región, y será gestionada por las propias comunidades mediante asambleas que determinarán en qué obras de infraestructura social básica se invertirá.

La Secretaría de Bienestar, representada por Ariadna Montiel Reyes, resaltó que uno de los aspectos más importantes es que estos recursos serán administrados por mujeres tesoreras, lo cual refleja la importancia de la participación femenina en la gestión pública.

El director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, explicó que las comunidades beneficiadas en Veracruz pertenecen a diversos pueblos, incluyendo nahua, totonaco, popoluca, chinanteco, huasteco, otomí, zapoteco, tzotzil, zoque, mazateco, mixe, tepehua, ch’ol y tzeltal.

Esto posiciona a Veracruz como la tercera entidad con mayor diversidad cultural beneficiada, solo después de Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, el presidente municipal de Zaragoza, Miguel Ángel Grajales Martínez, resaltó que es la primera vez que un presidente de la República visita este municipio indígena, y celebró la llegada de estos recursos como un acto de reconocimiento y apoyo a las comunidades.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, también expresó su satisfacción por la llegada de fondos, asegurando que los pueblos indígenas han mostrado un gran cariño hacia la Cuarta Transformación y que estos recursos fortalecerán el desarrollo social y cultural en la región.

Supuestamente, en el evento también estuvieron presentes figuras importantes como la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Bertha Gómez Castro, y otros funcionarios nacionales y locales, quienes reiteraron el compromiso del gobierno federal con la protección de los derechos de los pueblos originarios y con el impulso a su desarrollo integral.

Con esta iniciativa, se busca consolidar un cambio en la forma en que el Estado apoya a las comunidades indígenas y afrodescendientes, estableciendo un precedente que, según se afirma, será irrepetible en la historia del país.

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