La presidenta Claudia Sheinbaum firma un decreto que restituyó 5,956 hectáreas a la comunidad Wixárika en Nayarit, en un esfuerzo por recuperar territorios históricos y fortalecer sus derechos ancestrales, con una inversión aproximada de 70 millones de euros.
En un acto emblemático en Nayarit, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto que marca un avance significativo en la restitución de tierras a los pueblos originarios, específicamente a la comunidad Wixárika.
La acción contempla la devolución de 5,956 hectáreas en San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika, que busca recuperar un total de 10,000 hectáreas en diferentes regiones.
Este acto reafirma el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación con los derechos de los pueblos indígenas y con la reparación histórica que muchos territorios han sufrido desde la época colonial.
La comunidad Wixárika, también conocida como Huichol, es uno de los pueblos originarios más antiguos del país, con una historia que se remonta a varias generaciones y una profunda conexión espiritual con sus tierras sagradas.
Desde hace décadas, la comunidad ha enfrentado el despojo de sus territorios debido a políticas neoliberales implementadas entre 1982 y 2018, que priorizaron intereses económicos sobre los derechos ancestrales.
La restitución de estas tierras, que equivale a aproximadamente 70 millones de euros según tasas actuales, representa no solo una victoria legal, sino también un acto de justicia social y reconocimiento cultural.
El Plan de Justicia del Pueblo Wixárika no solo implica la devolución de tierras. También contempla la construcción de escuelas, centros de salud y la protección de sitios sagrados, algunos de los cuales aún están pendientes de reconocimiento oficial.
Entre estos lugares sagrados se encuentran Teekata y Xapawiyameta en Jalisco, Tatei Haramara en Nayarit, Hauxa Manaka en Durango y Wirikuta en San Luis Potosí.
La protección de estos sitios es fundamental para preservar la identidad espiritual y cultural del pueblo Wixárika.
La inversión total para implementar estas acciones ha alcanzado cerca de 4,8 mil millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 70 millones de euros, destinándose a proyectos de reconocimiento, educación, salud y conservación.
Además, en los últimos meses, se adquirieron 22 predios en años anteriores y 20 en 2025, en un proceso que logró concluir en menos de seis meses, demostrando la voluntad del gobierno para acelerar estos procesos.
El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, reforzado por reformas recientes, permite que las comunidades ejerzan recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de manera directa en obras prioritarias.
Esto ha facilitado la construcción de una Universidad Intercultural en Baja del Tule y la expansión del programa “La Escuela es Nuestra”, beneficiando a más de 300 instituciones educativas en los últimos dos años.
El liderazgo de la comunidad Wixárika ha sido fundamental en este proceso. Misael Cruz de Haro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, expresó su confianza en que estas acciones son el inicio de un proceso de justicia que continuará con la recuperación de más territorios.
Por su parte, el gobernador tradicional de la comunidad, Carlos Hernández, destacó que fortalecer la vida espiritual, las lenguas y los valores culturales es esencial para mantener vivas las tradiciones.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, resaltó que el gobierno mexicano ha invertido cerca de 1,5 mil millones de pesos (aproximadamente 70 millones de euros) en distintos programas para saldar la deuda histórica con los pueblos originarios, incluyendo caminos, viviendas, sistemas de agua, salud y protección de sitios sagrados.
Este decreto y las acciones relacionadas representan un paso firme hacia la justicia social, la reparación histórica y la preservación cultural de los pueblos indígenas en México, consolidando los principios de la Cuarta Transformación y reafirmando que el Estado está al lado de sus pueblos originarios en la recuperación de sus derechos y territorios históricos.