El lunes 29 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el gobierno enviará al Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una nueva Ley General de Aguas.

La iniciativa busca poner orden en la gestión del agua y dejar de considerarla como una mercancía, promoviendo en su lugar el reconocimiento del derecho humano al agua y fortaleciendo la regulación estatal.

Supuestamente, esta reforma responde a una larga historia de problemas en la administración del recurso hídrico en México. Durante décadas, la privatización y concesión del agua generaron controversia y desigualdades, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables.

La propuesta del gobierno busca revertir esa tendencia y garantizar un acceso equitativo y sustentable para todos.

En la conferencia matutina, la mandataria puntualizó que uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que el agua deje de ser vista como una mercancía, y que sea el Estado quien regule las concesiones, evitando transferencias entre particulares que puedan afectar la distribución y el uso del recurso.

Además, se prevé la implementación de sanciones severas para quienes roben agua o no reporten cambios en el uso de concesiones, con el fin de reducir el uso irregular y la explotación desmedida.

Supuestamente, la nueva Ley General de Aguas detallará las atribuciones de la federación, los estados y los municipios, estableciendo claramente que las concesiones deben ser gestionadas por las autoridades públicas y no por particulares.

La ley actual, supuestamente, permitía la transferencia de concesiones, lo que generaba confusión y casos de uso indebido, pero con las reformas, esto quedará restringido para fortalecer el control estatal.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que estas reformas forman parte del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua, que incluye acciones como la revisión de títulos de concesión, un programa de inspección y el establecimiento de un Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB).

Además, se creará una Ventanilla Única para facilitar trámites y se publicará un Decreto de Facilidades para regularizar títulos vencidos.

Supuestamente, gracias a estas acciones, el país ha recuperado más de 4 mil 475 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al suministro anual para la Ciudad de México, lo que demuestra un avance en la gestión sustentable del recurso.

En cifras, esto representa una recuperación de aproximadamente 3,75 mil millones de euros, considerando un tipo de cambio aproximado de 20 pesos por euro.

Por otro lado, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector de Administración del Agua, informó que, mediante el Programa de Ordenamiento, se revisaron 482,014 títulos de concesión de un total de 536,000 registrados.

Entre las inconsistencias detectadas, se encontraron casi 59,000 casos que incluyen falta de certeza en fechas de vencimiento, uso indebido en zonas urbanas y agrícolas, así como coordenadas erróneas o registros falsificados.

Estas irregularidades están siendo corregidas mediante inspecciones y clausuras.

El portal de denuncias, PODAN, fue presentado para que la ciudadanía pueda reportar irregularidades en el uso del agua de manera sencilla a través de la página app.conagua.gob.mx/podan/. Además, se informó que en octubre se completarán cinco trámites en la Ventanilla Única, y en enero de 2026, estará completamente operacional el sistema, facilitando la gestión y regulación.

En materia de recaudación, las reformas han permitido incrementar en un 15%, alcanzando aproximadamente 18.63 millones de euros en agosto de 2025, en comparación con el año anterior. La presidenta hizo un llamado a los usuarios con deudas en la Conagua a regularizar su situación para fortalecer los recursos destinados a obras y mantenimiento.

Supuestamente, estas medidas forman parte de un esfuerzo integral por garantizar el acceso sustentable al agua, proteger los derechos de las comunidades y promover la gestión responsable del recurso en todo el país, en línea con los compromisos internacionales de sustentabilidad y derechos humanos.

En conclusión, la reforma en la gestión del agua en México marca un paso decisivo hacia una política hídrica más justa y sustentable, en línea con las necesidades actuales y futuras del país, y busca dejar atrás prácticas que consideraban el agua como una mercancía para convertirla en un bien que pertenece a todos.