La Comunidad de Madrid ha aprobado ampliar en 5 millones de euros las indemnizaciones y ayudas dirigidas a las víctimas del terrorismo, elevando el total disponible desde la aprobación de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, a 95 millones de euros.

Este refuerzo se irá abonando a lo largo del presente ejercicio, completando un recorrido de apoyo económico que ya acumula 90 millones de euros hasta fines de 2025.

Con la Ley 5/2018, que establece un marco específico de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo en la región, la modificación introducida en abril de 2025 garantiza que todos los afectados que ya hayan recibido la indemnización de la Administración General del Estado reciban, además, el complemento autonómico del 30%.

Este ajuste busca asegurar una cobertura homogénea entre administraciones y evitar brechas en las percepciones para las personas afectadas.

El plazo de presentación de solicitudes para acceder a estas ayudas finaliza este viernes, 6 de febrero. Hasta la fecha, el Ejecutivo madrileño ha prestado apoyo económico a 2.479 personas afectadas por el terrorismo. Además de las prestaciones económicas, la Comunidad de Madrid destina anualmente 330.000 euros —dotación que se ha incrementado un 10% en 2025— a la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, incluidas en el registro regional o estatal.

Estas ayudas están dirigidas a organizaciones cuyo fin es la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, así como de sus familias o personas convivientes, y que desarrollan proyectos asistenciales o de sensibilización en la Comunidad de Madrid.

Paralelamente, se trabaja en el diseño y construcción del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que se ubicará en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas.

El futuro espacio contará con una superficie de 2.000 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas. Además, albergará una zona de exposición permanente y otra temporal, salas de proyecciones, conferencias y usos múltiples, recursos interactivos e inmersivos, biblioteca, espacio de lectura y una estancia dedicada a talleres y actividades didácticas.

Asimismo, se concibe como un lugar de acogida para el desarrollo de iniciativas promovidas por las diferentes entidades.

Este conjunto de medidas forma parte de un marco de políticas de memoria y reparación establecido por la Comunidad de Madrid, que ha ido reforzándose a lo largo de los años con inversiones continuas y una agenda de apoyo a las víctimas y sus familias.

Aunque la región mantiene el foco en la atención inmediata, también busca crear un espacio institucional que permita preservar la memoria colectiva y fomentar la sensibilización pública, incluso mediante colaboraciones con el ámbito estatal y con organizaciones no gubernamentales dedicadas a estas causas.