En la ciudad de La Coruña, situada en la región de Galicia, las autoridades municipales han dado un paso decisivo en la lucha por mejorar la situación habitacional de sus residentes.

La alcaldesa Inés Rey anunció esta mañana la aprobación de un plan estratégico que estará en vigor hasta 2028, dirigido a mitigar el desequilibrio existente en el mercado de la vivienda y a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y asequible.

Este plan de medidas específicas llega en un momento en que La Coruña enfrenta una elevada demanda de viviendas sociales y un mercado de alquiler con precios descontrolados.

La iniciativa ha sido aprobada tras una debida consulta en la mesa sectorial de vivienda y ahora debe ser validada por la Xunta de Galicia y el Ministerio correspondiente, para su correcta implementación.

Actualmente, La Coruña cuenta con un parque de viviendas públicas en régimen de propiedad o gestión municipal superior a las 870 unidades, en un contexto donde la demanda supera ampliamente la oferta.

De acuerdo con datos oficiales publicados en julio, existen en la ciudad alrededor de 3.750 personas en la lista de espera para acceder a una vivienda pública. Esto evidencia una insuficiencia estructural que se remonta a la crisis económica de hace más de una década, cuando la construcción de vivienda pública se redujo considerablemente y el auge de los alquileres temporales y viviendas en propiedad se disparó sin la regulación suficiente.

La alcaldesa Rey, destacó que en La Coruña más del 30% de los ingresos familiares se destinan a pagar el alquiler, una situación insostenible que afecta la calidad de vida y genera un impacto socioeconómico profundo.

La iniciativa municipal contempla un ambicioso paquete de acciones, dividido en cuatro bloques principales: promover la construcción y gestión de más viviendas sociales, adaptar la normativa reguladora, fomentar la rehabilitación y movilización de viviendas vacías, y fortalecer la colaboración entre administraciones.

Entre las medidas ya en marcha se encuentra la construcción de 55 nuevas viviendas sociales en los barrios de Xuxán y Marqués de Pontejos, financiadas con fondos propios y públicos del ayuntamiento.

También se ha facilitado la cesión de terrenos municipales a cooperativas y promotoras vinculadas al tercer sector, con el fin de crear otras 130 viviendas de alquiler asequible.

Además, el ayuntamiento ha movilizado suelo propio para ceder al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) la construcción de más de 100 viviendas públicas en varias zonas, incluyendo los barrios de Los Rosales, La Porticada y Pedro Fernández.

El plan también prevé la creación de un Banco Municipal de Viviendas, destinado a ampliar la oferta de alquiler social en la ciudad. Para ello, se busca modificar la normativa y ofrecer incentivos fiscales a propietarios que cedan sus inmuebles en desuso para alquiler a precios sociales.

Además, se potenciará la regulación de los precios del alquiler mediante un registro de demandantes y límites en las tarifas en zonas de mercado residencial tensionado, donde la renta no podrá superar la última pactada en contratos anteriores, ajustándose a la legislación vigente.

Este enfoque a largo plazo pretende que, en 2045, al menos el 20% de los hogares en La Coruña sean viviendas sujetas a políticas sociales, reduciendo así la actual carencia de viviendas públicas en la ciudad.

La iniciativa forma parte de un plan global que incluye también la mejora en la gestión de viviendas en alquiler vacías y la promoción de ayudas para rehabilitar inmuebles, buscando transformar el mercado inmobiliario local.

Por otro lado, el ayuntamiento ha aprobado la actualización de la tarifa del servicio de recogida de residuos, en línea con las normativas europeas que exigen una financiación justa basada en el uso.

Actualmente, los hogares coruñeses pagan aproximadamente 60 euros anuales, una cifra que subirá progresivamente hasta unos 80 euros en 2026 y cerca de 90 euros en 2027, incluyendo una cuota fija y un cobro variable según el consumo de agua y el recorrido de recogida.

Esta medida busca reducir la brecha con otras ciudades del entorno donde las tarifas llegan a los 170 euros anuales, promoviendo el ahorro y la sostenibilidad ambiental.

En resumen, La Coruña se encuentra en un proceso de transformación de su parque habitacional y de sus políticas de gestión y regulación. La intención de las autoridades municipales es ampliar la oferta de vivienda pública, reducir los costes del alquiler para las familias y regular los precios en un mercado cada vez más exigente, alineándose con los objetivos europeos de sostenibilidad y cohesión social.

Estas políticas, que se desarrollarán en los próximos años, pretenden mejorar no solo la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, sino también equilibrar el mercado inmobiliario y garantizar un derecho fundamental para todos.