En el País Vasco, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia para fortalecer el parque de viviendas protegidas en la región, con una inversión prevista de aproximadamente 30 millones de euros.

Esta medida consiste en recuperar 1.000 viviendas que, en su momento, perdieron su condición de protección oficial, permitiendo así que vuelvan a integrarse en el sistema de vivienda de alquiler protegido.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, destacó que estas acciones no solo buscan reforzar el patrimonio protegido, sino también responder a la actual crisis de urgencia habitacional que atraviesa Euskadi.

“Recuperar estas viviendas para el sistema de VPO (Viviendas de Protección Oficial) no solo fortalece nuestro patrimonio protegido, sino que es una medida justa y necesaria en el contexto actual”, afirmó en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El plan contempla la venta del derecho de superficie del suelo que ocupan estos inmuebles a sus actuales propietarios, a cambio de su recalificación como viviendas protegidas de carácter permanente.

Esta iniciativa, que corresponde a la séptima fase implementada por el Ejecutivo desde 2010, tiene el objetivo de que las familias propietarias logren la plena propiedad tanto del suelo como de la vivienda, reforzando así la protección social y económica del bien.

El origen de esta política se remonta a una problemática que afecta a más de 9.000 viviendas construidas antes de la entrada en vigor del decreto de 2003, en el que se establecían las condiciones para la protección oficial. Estas construcciones, inicialmente calificadas como viviendas protegidas y asentadas en suelo público por un período de 75 años, quedaron descalificadas tras el paso del tiempo, permitiendo su entrada en el mercado libre.

Sin embargo, la Administración vasca considera que esta situación ha debilitado el parque de vivienda protegida y ha decidido revertirla.

Así, según datos oficiales, en la actualidad Euskadi cuenta con alrededor de 65.300 viviendas protegidas. La recuperación de las que fueron descalificadas incrementará esta cifra y ayudará a cubrir la demanda de viviendas asequibles. Además, la operación no solo busca aumentar el volumen, sino también mejorar la calidad y estabilidad del parque residencial protegido.

El proceso de recalificación se ha diseñado con criterios de transparencia y razonabilidad. Se determinará el valor de cada edificio en base a un precio máximo de VPO vigente en la región, además de valorar los locales según su mercado particular.

Sobre ese valor, se aplicará un coeficiente del 10% en concepto de imputación del suelo. Posteriormente, cada propietario precisará abonar un importe proporcional a su cuota, que será comunicado de manera individualizada. La convocatoria formal la realizará una orden del consejero, estableciendo plazos y condiciones para quienes deseen participar en la recalificación.

Por regiones, actualmente Euskadi alberga unas 9.445 viviendas afectadas por este proceso, distribuidas entre Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. La primera fase del plan se centra en una muestra representativa de 1.000 viviendas, con la intención de evaluar el impacto de la estrategia y, en función de los resultados, ampliar su alcance.

El Gobierno Vasco apuesta por un proceso ordenado y transparente, que garantice la protección del interés social y el interés individual. Los propietarios interesados podrán solicitar la recalificación a través de la sede electrónica o en las Oficinas de Atención Ciudadana, con un plazo que va desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025, si la publicación de la orden se realiza en julio.

Si la publicación se realiza en septiembre, el plazo será desde ese momento hasta finales de año.

Es importante destacar que, tras el pago del importe correspondiente, el proceso de venta del suelo y la recalificación culminará con la firma de la orden del consejero que declara la alienabilidad del suelo y la calificación definitiva de la vivienda como protegida de forma permanente, garantizando así la protección del parque de viviendas en el largo plazo.

Con estas medidas, Euskadi pretende no solo remedear las descalificaciones pasadas, sino también asegurar una política de vivienda que siga siendo pionera en el Estado español, fortaleciendo el acceso a hogares dignos y asequibles para su ciudadanía, y concibiendo la vivienda como un bien social estratégico para el desarrollo sostenible de la región.