El 21 de febrero de 2025, la Agencia Tributaria de España llevó a cabo una exitoso operativo antidrogas que desmanteló una organización dedicada a la adulteración de carburantes.

A través de esta operación, denominada 'Pizzaoil', se dio un gran golpe a un esquema fraudulento que ha tenido un impacto significativo en la recaudación fiscal del país.

La investigación reveló que esta organización había defraudado más de 350.000 euros en concepto del Impuesto Especial de Hidrocarburos, un tributo que grava la producción y venta de ciertos combustibles en España. En concreto, los delincuentes operaban principalmente en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Valencia.

El modus operandi de esta red consistía en mezclar gasóleos con aceites reciclados de baja calidad y otros hidrocarburos que no estaban destinados para su uso como carburantes, lo que les permitía ofrecer precios significativamente más bajos que los competidores legítimos.

Con esta práctica desleal, la red logró comercializar más de 2.300.000 litros de combustible adulterado, poniendo en riesgo la integridad de vehículos y el medio ambiente.

Este tipo de fraude no solo afecta las arcas del estado, sino que también perjudica a los consumidores y a otros negocios que cumplen con las normativas fiscales.

Los precios competitivos, resultado de la manipulación de producto, llevaron a una rápida expansión comercial de la organización, limitando la capacidad de mercado de aquellos que se enmarca dentro de la legalidad.

La operación culminó con el registro de un centro de actividad ubicado en Quintanar de la Orden, donde se encontraron varios depósitos que almacenaban los productos ilegales.

Además, se realizaron múltiples incautaciones que incluían terminales telefónicos y documentación comprometida, en colaboración con una unidad de auditoría informática de la Agencia Tributaria.

La organización no solo enfrentaba cargos por fraude fiscal, sino también por falsedad documental y delitos contra los consumidores.

Las investigaciones siguen abiertas, y se prevén más detenciones conforme se avanza en la revisión de la información recopilada durante los operativos.

Con este tipo de acciones, la Agencia Tributaria busca no solo cerrar operaciones ilegales, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias y el costo del fraude fiscal en España.

Es importante en este contexto recordar que el Impuesto Especial de Hidrocarburos ha sido una herramienta clave para financiar diversos servicios públicos, así como para promover la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.

Desde su implementación, se han realizado diversos ajustes para adaptarlo a las demandas del mercado y a la evolución de las tecnologías energéticas, por lo que la presión por combatir el fraude sigue siendo primordial.

El teléfono de denuncia de la Agencia Tributaria para informar sobre contrabando y delitos relacionados continúa activo, manteniendo la colaboración ciudadana como un pilar fundamental en la detección y prevención de estas prácticas ilegales.