Según una cobertura basada en declaraciones de Donald Trump, supuestamente el expresidente estaría buscando prohibir que los inversores institucionales de Wall Street compren viviendas unifamiliares con la finalidad de aliviar la crisis de asequibilidad que atraviesa el mercado inmobiliario estadounidense.

La propuesta, que presuntamente buscaría ser respaldada por una codificación legal, se presenta como una respuesta a la percepción de que grandes fondos y firmas de capital privado dominan parte de la oferta de viviendas y dificultan el acceso a la propiedad para familias trabajadoras.

En ese marco, se afirma que la iniciativa podría exigir cambios legislativos para impedir compras a gran escala por parte de estas entidades.

La medida ha generado un intenso debate entre analistas y politólogos. Por un lado, los defensores de la propuesta sostienen que restringir la presencia de inversores institucionales podría reducir la demanda de alquileres por parte de fondos y dejar más viviendas disponibles para compradores particulares.

Por otro, críticos advierten que la prohibición podría ser simbólica y que no aborda las causas estructurales de la escasez de vivienda ni la inflación de precios, que muchos atribuyen a factores como tasas de interés elevadas, costos de construcción y políticas urbanas.

Entre los datos citados por quienes respaldan la idea, figura la participación de inversores institucionales en el mercado de viviendas unifamiliares.

Según informes citados en la discusión, firmas como Blackstone tendrían una participación de alrededor del 2% de las viviendas en cartera y aproximadamente el 0,5% de los activos inmobiliarios bajo gestión, una proporción que, pese a ser relativamente pequeña a nivel nacional, ha sido objeto de escrutinio en determinadas zonas urbanas y suburbanas.

Los voceros de estas firmas suelen subrayar que su presencia representa solo una parte del mercado y que su aporte se canaliza a través de alquileres y acuerdos de inversión que, según argumentan, no deben verse como una amenaza para los propietarios particulares.

La reacción de expertos del sector es heterogénea. Algunos economistas señalan que incluso con una limitación a la compra por parte de inversores institucionales, el problema de la asequibilidad es mucho más profundo e involucra variables como el costo de las hipotecas, que se ha mantenido elevado en los últimos años, y la oferta de vivienda nueva.

Otros, en cambio, sostienen que una prohibición total podría alterar la dinámica de la oferta a corto plazo, pero no necesariamente corregiría desequilibrios regionales que hacen que ciertos mercados sean particularmente caros.

En el contexto histórico, se recuerda que tras la crisis financiera de 2008 el uso de capital institucional para adquirir viviendas aumentó en varias regiones de Estados Unidos, lo que provocó debates sobre quién controla la propiedad de la vivienda y cómo se gestionan los alquileres.

Varios analistas señalan que la presencia de fondos en el mercado ha cambiado la manera en que se negocian y financian proyectos residenciales, especialmente en áreas con altos costos de vida.

Asimismo, se ha debatido cómo las políticas públicas pueden favorecer a los ocupantes y compradores directos frente a inversores institucionales.

En cuanto a la política pública, se indica que la administración anterior, bajo Biden, habría modificado algunas protecciones orientadas a favorecer a ocupantes y compradores individuales.

Supuestamente, esas medidas incluyeron requisitos de “First Look” y otros mecanismos destinados a dar prioridad a propietarios ocupantes, entidades públicas y organizaciones sin fines de lucro antes de que los bienes inmuebles y las hipotecas se abrieran al acceso de inversores.

Sin embargo, los cambios y su alcance han sido objeto de revisión y debate político, y se desconoce si serían revertidos o fortalecidos en el marco de una eventual nueva regulación.

La conversación también aborda el impacto en los compradores primerizos. Se recuerda que, en años recientes, este grupo ha representado una proporción históricamente baja del conjunto de compradores, y que la edad media de quienes adquieren su primera vivienda ha subido a niveles alrededor de los cuarenta años.

Estos datos, recogidos por analistas de la industria, subrayan que la dificultad de acceso a la vivienda no es un problema exclusivo de inversores institucionales, sino un fenómeno que afecta a millones de familias en el país.

Presuntamente, si la propuesta avanzara y se materializara en políticas públicas, podría traducirse en efectos económicos amplios. Aunque resulta complejo cuantificar con precisión su impacto, algunos analistas sugieren que podría equivaler a decenas de miles de millones de euros a lo largo de varias temporadas fiscales, si se considera la reducción de la demanda de compra por parte de grandes inversores y el posible ajuste de precios en determinadas regiones.

Este enfoque euro-dólar, si se aplica, deberá ser calibrado cuidadosamente para evitar efectos no deseados en el mercado de alquiler y en la planificación urbana de ciudades con alta presión inmobiliaria.

En cualquier caso, la discusión refleja la persistente tensión entre la necesidad de ampliar el acceso a la vivienda y la lógica de la inversión institucional en un sector tan sensible como el de la vivienda familiar.

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