El gobierno de Javier Milei en Argentina ha vuelto a enfrentarse con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio Chiqui Tapia, en una disputa que pone en evidencia las tensiones entre el sector público y el mundo del deporte.

La medida más reciente, publicada este lunes en el Boletín Oficial, implica un aumento sustancial en las contribuciones y aportes que deben realizar los clubes y la AFA al sistema de Seguridad Social.

En concreto, la alícuota que actualmente era del 7,5% pasará a ser de 13,06%, y además se implementará un recargo adicional del 5,56% durante los próximos doce meses.

Este incremento busca garantizar el financiamiento del sistema previsional argentino, que desde hace décadas enfrenta problemas de sustentabilidad.

Este nuevo decreto forma parte de una serie de medidas que buscan modificar la estructura del financiamiento de la industria futbolística en el país, una de las más grandes en América Latina, con ingresos por ventas de jugadores y derechos televisivos que en 2024 alcanzaron aproximadamente 168 millones de euros, según datos de la FIFA.

Sin embargo, la controversia no solo radica en cifras económicas, sino en las implicancias de estos cambios para los clubes, que suelen argumentar que los costos aumentados serían insostenibles.

Para comprender parte del trasfondo, hay que remontarse a la historia del régimen de aportes al sistema previsional en Argentina. Tras la crisis del 2001, el Estado implementó un régimen de contribución especial para el fútbol, mediante el decreto 1212/2003, que estableció ciertos beneficios y exenciones para facilitar la gestión económica del sector.

Sin embargo, en los años siguientes, este régimen se fue modificando, incrementando el porcentaje de aportes, pero sin lograr un equilibrio financiero.

La situación se agravó en los últimos años, con un aumento progresivo de los déficits en el sistema previsional argentino.

Según el Ministerio de Economía, el déficit acumulado del sistema de aportes a los clubes y la AFA alcanzó unos 1.4 mil millones de euros en 2024, debido en gran parte a la evasión, el uso de actividades no relacionadas estrictamente con el fútbol, y a esquemas de venta de entradas y abonos que escapaban a la fiscalización.

La crisis llevó a que en 2024 se intentara modificar la ley y las alícuotas, pero estas medidas fueron frenadas por acciones judiciales promovidas por la propia AFA, que argumentaba que el aumento propuesto sería desproporcionado y afectaría severamente sus finanzas.

Este conflicto no es solo económico. También refleja una disputa de poder y control entre las instituciones deportivas y el Estado, que busca mantener sostenibilidad en las finanzas públicas y la protección de las jubilaciones.

La justicia implementó medidas cautelares que suspendieron la vigencia del decreto de aumento y mantuvieron el régimen especial vigente, lo que complicó aún más la situación.

El argumento principal de la AFA y algunos clubes es que la transferencia al sistema general de aportes multiplicaría por 20 o 30 veces los costos actuales, afectando su competitividad y posibilidad de inversión.

A nivel internacional, la tendencia de los Estados a revisar las exenciones fiscales y aportes al fútbol se ha incrementado en los últimos años, en un intento por reducir los subsidios y promover una mayor transparencia.

En países como España e Italia, las reformas fiscales en el deporte han llevado a una actualización de los aportes y al incremento en las cargas fiscales para los clubes profesionales.

En Argentina, sin embargo, la historia es más larga y marcada por fuertes movilizaciones y controversias. La historia del Decreto 1212 y su impacto se remonta a principios del siglo XXI, cuando varios clubes atravesaban crisis económicas y buscaban apoyo estatal.

Con las nuevas disposiciones, se espera que en los próximos meses las discusiones sean intensas. El gobierno sostiene que el aumento en las contribuciones es necesario para cerrar el déficit del sistema previsional y garantizar el pago de jubilaciones en el futuro.

Los clubes, por su parte, insisten en que esto puede poner en riesgo sus operaciones y fina la competitividad del fútbol argentino, uno de los más destacados en el continente.

Este escenario refleja además una lucha por el control y la sostenibilidad de una industria que, aunque lucrativa, ha estado marcada por irregularidades y evasiones.

La resolución definitiva del conflicto aún está en trámite, con instancias judiciales y negociaciones en curso, en medio de un contexto económico cada vez más difícil para las finanzas públicas y el sector del deporte en Argentina.