La Junta de Castilla y León, junto a otras once comunidades autónomas, ha manifestado su inquietud ante el MITECO respecto a la reciente prórroga del Plan MOVES III, un programa destinado a fomentar la movilidad eléctrica.

Este grupo de comunidades, que incluye a Aragón, Andalucía, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y la Región de Murcia, ha enviado una carta formal al Gobierno central destacando que el nuevo enfoque del plan presenta carencias significativas.

En este contexto, las comunidades autónomas han señalado que el nuevo esquema de ayudas no solo repite errores del pasado, sino que también introduce nuevas complicaciones que podrían obstaculizar la implementación efectiva del programa.

A pesar de que el Plan MOVES III se presenta como una continuidad del anterior, se ha indicado que requiere iniciar el proceso desde cero en cada territorio, lo que implica una carga administrativa adicional y, potencialmente, mayores retrasos en la ejecución de ayudas.

Uno de los principales puntos de crítica es la burocracia que acarrea el programa. Los directores de Energía de estas comunidades han advertido que la tramitación sigue siendo excesivamente compleja y que no se han implementado mejoras en la gestión administrativa, lo que pone en riesgo la eficacia del programa y sus objetivos relacionados con la transición energética.

La falta de ayudas directas en el punto de venta es otra deficiencia que preocupa a las comunidades autónomas, ya que este tipo de incentivos son fundamentales para estimular la compra de vehículos eléctricos.

Por otro lado, las comunidades han propuesto medidas concretas y efectivas que podrían optimizar la distribución de las ayudas. Entre estas medidas se encuentran la implementación de descuentos inmediatos en el punto de venta, incentivos fiscales como la deducción total del IVA para empresas que electrifiquen sus flotas, y la simplificación de trámites administrativos conforme a estándares europeos.

Sin embargo, a pesar de la reiteración de estas propuestas, las comunidades lamentan la falta de respuesta por parte del Ministerio.

Esta situación no es nueva. Históricamente, la transición hacia una movilidad más sostenible ha enfrentado numerosos desafíos en España. Desde la introducción de políticas para la electrificación del transporte en la última década, los programas de ayudas han sido criticados por su complejidad y falta de claridad.

La incertidumbre jurídica y técnica se ha mantenido como un obstáculo persistente que ha dificultado la confianza de ciudadanos y empresas en la efectividad de estas iniciativas.

Las comunidades autónomas han expresado su disposición para colaborar con el MITECO y el IDAE con el fin de alcanzar un modelo de ayudas que sea realmente efectivo.

Aseguran que es crucial trabajar de manera conjunta para abordar los elementos pendientes que actualmente impiden la correcta aplicación del programa.

La llegada de fondos de manera ágil y efectiva a los ciudadanos y empresas es una exigencia que resuena con fuerza en las cartas enviadas al Gobierno.

En resumen, la Junta de Castilla y León y las demás comunidades autónomas instan al Ministerio a proporcionar claridad y definir aspectos clave del programa de ayudas.

Sin una respuesta clara, el futuro de la movilidad eléctrica en el país podría verse comprometido, lo que tendría repercusiones no solo para el medio ambiente, sino también para la economía local y regional.