Los residentes de Garrapinillos, Casetas y Villarrapa, en Zaragoza, recibirán durante la segunda quincena de mayo una compensación económica destinada a mitigar el impacto del incremento en los recibos del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) correspondientes a los años 2022 y 2023.

Este incremento, que afecta a aproximadamente 4.800 viviendas en estos barrios rurales, ha sido consecuencia de cambios en la normativa autonómica introducidos por la Ley 8/2021, de 9 de diciembre, y gestionados por el Instituto Aragonés del Agua (IAA).

La ley creó el IMAR como un tributo independiente que no es responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, y en su aplicación, en estos barrios, no se ha aplicado la bonificación que sí reciben otras zonas del municipio.

El IMAR, que reemplazó al antiguo Impuesto de Actividades Económicas y al ICA, ha tenido un aumento significativo en sus cuotas en los últimos dos años para estos barrios, debido a que la normativa establece que la depuración de sus aguas se realiza en la planta de tratamiento de Utebo, por lo que se les ha cobrado al 100% del impuesto, sin descuentos.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido poner en marcha una medida de compensación para equilibrar esta situación y evitar que los vecinos soporten un coste excesivo.

Para ello, el consistorio destinará aproximadamente 500.000 euros, equivalentes a unos 540.000 euros en moneda europea, para cubrir las diferencias en los impuestos de los años 2022 y 2023. La ayuda económica llegará en forma de devolución en los recibos, que en la primera quincena de mayo serán enviados junto con cartas personalizadas explicando cada caso.

Además, en 2024 y años posteriores, se procederá a una regularización para ajustar los pagos, de modo que en 2025 ya no será necesario realizar ajustes adicionales, pues los recibos incluirán un coeficiente reductor conforme a la ordenanza de saneamiento.

Este proceso de regularización fue anunciado por la consejera del área, Blanca Solans, como una solución provisional para los residentes afectados, y busca equiparar la situación de estos barrios con la del resto del término municipal, donde el coeficiente aplicado en el IMAR es del 0,4, lo que supone una bonificación del 60% en la cuota del impuesto.

En estos barrios, por el contrario, se había aplicado un coeficiente de 1, pagando así el 100% del impuesto.

El Ayuntamiento aplicará una reducción del 76% en la cuota fija y variable de la tasa municipal de saneamiento y depuración de aguas residuales, lo cual representa una disminución drástica en la carga fiscal para los vecinos.

La tasa municipal, que desglosa un 24% por el alcantarillado y un 76% por la depuración, quedará totalmente bonificada en lo que respecta a la depuración, eliminando así el coste asociado a la eliminación de aguas residuales en estos barrios.

Históricamente, el impuesto sobre las aguas residuales ha sido una fuente de ingreso importante para las administraciones locales y autonómicas, que destinan estos fondos a mantener y mejorar los sistemas de saneamiento y depuración.

La creación del IMAR en Aragón respondió a la necesidad de financiar de manera más específica la gestión ambiental del ciclo del agua, pero también ha generado controversia por los incrementos en los costes para ciertos colectivos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su compromiso en aliviar esta carga fiscal a través de estas medidas de compensación, que buscan mantener el equilibrio entre la normativa autonómica y las necesidades de los vecinos afectados.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio para garantizar la equidad en el pago de los impuestos y asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos, especialmente en zonas rurales donde las tarifas pueden variar significativamente en función de la ubicación y las condiciones de depuración de las aguas residuales.