Una investigación reciente, apoyada financieramente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, busca ofrecer un diagnóstico completo sobre las formas de violencia digital que enfrentan mujeres, niñas, niños y adolescentes en España.

Este estudio, cuyo coste se estima en aproximadamente 25.000 euros, pone de manifiesto cómo el entorno digital no solo refleja sino que también amplifica las violencias estructurales que ya existen en la sociedad.

Desde una perspectiva de género y derechos de la infancia, el informe analiza cómo las plataformas digitales y las redes sociales se han convertido en campos de batalla donde se reproducen y exacerban comportamientos machistas, acoso y otras formas de violencia.

Presuntamente, estas agresiones en línea afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a los menores, quienes son particularmente vulnerables debido a su menor experiencia y a la falta de protección efectiva en algunos ámbitos.

El estudio también evidencia las deficiencias en el marco institucional y normativo vigente para prevenir, sancionar y reparar estas violencias. Supuestamente, las leyes actuales no son suficientes para hacer frente a la complejidad y la rapidez con la que evolucionan las formas de agresión digital.

La falta de recursos especializados y protocolos claros dificulta la atención adecuada a las víctimas, quienes muchas veces enfrentan largas esperas y poca protección efectiva.

Históricamente, la violencia de género ha sido un problema persistente en España, con leyes como la Ley Orgánica 1/2004 que busca proteger a las víctimas.

Sin embargo, en el entorno digital, los desafíos son mayores y requieren de nuevas estrategias y recursos. Presuntamente, el presupuesto destinado a la protección en línea es mucho menor en comparación con los fondos asignados para la atención a la violencia física o psicológica.

El informe también propone un conjunto de recomendaciones dirigidas a fortalecer la prevención, la protección y la atención integral a las víctimas.

Entre ellas, se contempla la necesidad de implementar campañas de sensibilización, mejorar la formación de las fuerzas de seguridad y las instituciones educativas, así como desarrollar protocolos específicos para la intervención en casos de violencia digital.

Asimismo, se sugiere que las plataformas tecnológicas tengan un papel más activo en la detección y eliminación de contenidos agresivos, así como en la protección de los datos personales de los afectados.

La intención es avanzar hacia un entorno digital más seguro, igualitario y libre de violencias machistas.

Este estudio se enmarca en una serie de acciones del gobierno español para afrontar la violencia de género en todas sus formas y adaptarse a los nuevos desafíos que plantea la era digital.

La inversión y las políticas públicas en este ámbito son clave para garantizar derechos y crear un entorno digital que respete la dignidad y seguridad de todas las personas, especialmente de las más vulnerables, como las mujeres y los menores.

La publicación del informe, que incluye un documento en formato PDF, busca poner en evidencia la situación actual y promover un debate amplio sobre las medidas necesarias para mejorar la protección en línea en España.