Madrid da vía libre a la jornada partida en escuelas públicas para aumentar rendimiento y facilitar la conciliación

La #Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto que regula la jornada escolar en los centros públicos de Infantil y Primaria, así como en los centros de Educación Especial.

El Consejo de Gobierno autorizó la norma, que pretende garantizar una organización más estructurada de las horas lectivas, al tiempo que busca mejorar el rendimiento académico de los alumnos y facilitar la #conciliación entre la vida familiar y educativa, sin perder de vista la libertad de elección de las familias.

La nueva medida establece, con carácter general, que la jornada lectiva se organice en dos bloques, uno por la mañana y otro por la tarde, separados por un intervalo de dos horas.

También se mantiene la posibilidad de conservar la opción de jornada continuada en los meses de septiembre y junio, para quienes prefieran esa modalidad.

En la práctica, ello permite que cada centro pueda elegir, dentro de los plazos y criterios fijados, si adopta la jornada partida.

Para llevar a cabo el cambio, los colegios interesados deben tramitarlo y cubrir el requisito de contar con al menos un tercio del Consejo Escolar, que está formado por representantes de las familias, el profesorado, el personal de administración y servicios y representantes municipales.

El proceso de adopción implicará consultas al claustro, a este órgano de participación y a las familias, y culminará con una votación presencial o telemática cuyo resultado debe reflejar una mayoría de votos favorables para avanzar.

Tras el escrutinio, el presidente del Consejo Escolar informará del resultado al claustro y a los responsables del centro, y el director trasladará la decisión a la Dirección de Área Territorial correspondiente.

Será el titular de dicha dirección quien autorice el cambio, solicitando previamente el informe del Servicio de Inspección Educativa y valorando criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación.

Todo este proceso debe completarse antes del 15 de marzo de cada año para que los centros puedan adoptar las disposiciones necesarias y empezar a aplicar la jornada partida en el siguiente curso.

Aquellos centros que ya tuvieran aprobado el horario continuado antes de la entrada en vigor de la norma podrán mantenerlo.

Asimismo, la medida llega en un contexto en el que, supuestamente, se busca alinear la oferta educativa con las necesidades de las familias y de la conciliación laboral, un eje que ha estado presente en debates y reformas de #educación a nivel nacional.

Se prevé que la implementación requiera ajustes logísticos y de infraestructuras, especialmente en comedores, transporte y planificación curricular, de modo que los centros puedan garantizar la calidad educativa sin sacrificar la atención a la diversidad de alumnado.

La jornada partida ha sido una opción ya presente en varias comunidades y

Históricamente, la jornada partida ha sido una opción ya presente en varias comunidades y, en función de las experiencias, ha generado un mix de resultados en rendimiento y satisfacción familiar.

En la Comunidad de Madrid, la decisión de avanzar hacia la jornada partida se inscribe en un marco más amplio de flexibilidad horaria y elección educativa que ha estado en revisión durante años, con distintas modalidades probadas en centros singulares.

Supuestamente, este giro podría influir también en la gestión de centros rurales y en la distribución de la atención educativa a lo largo del territorio regional.

En términos presupuestarios, el decreto no especifica costes directos para las familias, pero expertos señalan que la implantación podría requerir inversiones significativas en infraestructuras, personal y servicios de comedor.

Supuestamente, estimaciones no oficiales barajan que la inversión necesaria podría situarse en varios millones de euros para los años 2026-2029, dependiendo de la tasa de adopción y del grado de adaptación en cada centro.

Estas cifras no han sido confirmadas por la Administración y deben entenderse como hipótesis de trabajo para los próximos ejercicios presupuestarios.

La medida, por tanto, se enmarca en una estrategia educativa de mayor flexibilidad horaria que podría marcar una senda distinta para el sistema público en los próximos años.

En resumen, la Comunidad de Madrid propone un cambio sustancial en la organización de la jornada lectiva de los centros públicos, con un procedimiento de votación y una fecha límite para la implementación.

Si se cumplen los plazos y las condiciones, el curso siguiente podría traer consigo una respuesta más flexible a las necesidades de familias y docentes, con la promesa de mejorar el rendimiento académico y, a la vez, facilitar la conciliación familiar en un marco de participación más amplio.