Trump impulsa arancel global del 10% tras fallo del Supremo que cuestiona sus poderes
Análisis de la propuesta de imponer un arancel global del 10% anunciada por Trump, tras una decisión judicial que debilita gravámenes anteriores y abre un nuevo conflicto comercial.
supuestamente, el presidente de Estados Unidos anunció este viernes que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con el argumento de defender la #economía estadounidense frente a prácticas comerciales desleales de otros países y empresas.
La medida, según el mandatario, se implementaría además de los #aranceles normales que ya se cobran y de una batería de investigaciones bajo la Sección 301 y otros instrumentos, para presionar a los socios comerciales sin necesidad de pasar por el Congreso.
El anuncio se produjo poco después de que, presuntamente, la Corte Suprema dictaminara que la autoridad del ejecutivo para imponer aranceles en tiempos de paz estaría limitada, afectando así la viabilidad de las medidas anteriores y, por tanto, el plan nuevo de aranceles.
El marco general de la Sección 122 permite imponer aranceles de hasta 15% por periodos de 150 días. En ese contexto, la Casa Blanca argumenta que el arancel del 10% podría aplicarse de forma coordinada con otras herramientas para evitar distorsiones permanentes en la economía mundial.
El mandatario sostuvo que estas herramientas legales ofrecen una vía para continuar defendiendo a Estados Unidos pese a la decisión judicial, y aseguró que la vía de las tres leyes permitiría mantener la presión sobre las cadenas de suministro globales.
Dadas las circunstancias, analistas advierten que la combinación de aranceles y medidas de combate a prácticas desleales podría generar costos adicionales para consumidores y empresas, especialmente en sectores importadores de tecnología y bienes de consumo.
En el terreno monetario, se estima que los gravámenes previos habrían generado, a lo largo de los años, una recaudación que algunos estiman en unos 240.000 millones de dólares. Convertidos a euros, eso equivale aproximadamente a 221.000 millones de euros. Aunque estas cifras circulan en el debate público, la cifra central subraya la magnitud de la disputa comercial y su posible traducción en precios para importadores y compradores finales.
Si el nuevo arancel del 10% se aplica de forma amplia, la movilidad de mercancías podría verse alterada y los costos podrían traspasarse a lo largo de la cadena de suministro, afectando desde fabricantes hasta minoristas y consumidores finales en mercados como el europeo, el asiático y el latinoamericano.
La utilización de aranceles en Estados Unidos ha sido un tema sensible
Históricamente, la utilización de aranceles en Estados Unidos ha sido un tema sensible. Durante las décadas pasadas, distintas administraciones han recurrido a gravámenes para presionar a socios como China, Europa o Japón; algunas de esas medidas convivieron con tensiones cambiarias y con respuestas proteccionistas de otros países.
Expertos señalan que, en el actual escenario, la combinación de una intervención unilateral con una resolución judicial podría intensificar la volatilidad de los mercados y la incertidumbre de las empresas.
En el ámbito doméstico, sectores industriales y logística podrían verse sorpresivamente impactados por cambios rápidos en la #política arancelaria, lo que obligaría a una revisión de cadenas de suministro y a ajustes en precios y contratos a corto plazo.
Por su parte, la reacción en los mercados internacionales podría incluir movimientos en el precio de commodities, fluctuaciones de la moneda y cambios en las inversiones.
Las próximas semanas serán decisivas para ver si estas amenazas se traducen en políticas efectivas o si, por el contrario, el marco judicial limita la capacidad del ejecutivo para actuar de forma autónoma.
En cualquier caso, este caso plantea una pregunta clave para el comercio internacional: ¿qué precio están dispuestas a pagar las economías para mantener una posición negociadora frente a rivales comerciales y qué costo social implica para las familias consumidoras?