La FTC reparte millones de euros a inquilinos tras denuncias de prácticas engañosas de Invitation Homes

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) anunció este miércoles un acuerdo por una suma aproximada de 43,42 millones de euros para devolver dinero a más de 444.131 inquilinos supuestamente afectados por cargos y prácticas atribuidas a Invitation Homes, una de las mayores propietarias de viviendas unifamiliares en ese país.

El anuncio llega tras una demanda presentada en septiembre de 2024 y forma parte de un esfuerzo regulatorio más amplio por transparentar precios y cargos asociados al alquiler de viviendas.

En los documentos de la #FTC se señala que, presuntamente, la empresa llevó a cabo una serie de operaciones que dificultaban la comprensión real del costo total para el arrendatario antes de firmar un contrato.

La propia FTC detalla que el acuerdo prevé pagar aproximadamente 43,42 millones de euros en devoluciones a los consumidores afectados, y añade que podría haber otros 44,16 millones de euros en compensación adicional para las personas que enfrentaron cargos no divulgados o indebidos.

En total, la cifra de dinero destinada a reparar a la gente que pagó cargos durante el periodo cubierto por el acuerdo asciende a unos 87,58 millones de euros, si se suman las distintas partidas especificadas por la agencia.

Estos montos se distribuirán entre los titulares de contratos que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por la FTC.

Entre los cargos que la FTC investiga figuran, presuntamente, tarifas de servicios y cargos por conceptos como “tecnología de casa inteligente” y “gestión de utilidades” que no fueron comunicados de manera clara al inicio de la relación contractual.

En el lenguaje de la demanda, se describe un conjunto de cargos que, según la autoridad, encarecieron indebidamente los alquileres y redujeron la claridad sobre el costo total que debían soportar los arrendatarios.

Aunque #Invitation Homes ha defendido la legalidad de sus prácticas en otros contextos, la agencia sostiene que la forma en que se comunicaban estas tarifas podría haber inducido a error a los clientes.

La distribución de los fondos se realizará entre los 444.131 consumidores afectados y, para ser elegibles, los solicitantes deben haber pagado al menos 41,4 millones de euros en cargos cubiertos entre enero de 2021 y septiembre de 2024.

Además, se indica que no todos los inquilinos recibirán automáticamente un reembolso; algunos podrían haber recibido créditos o reembolsos por otros medios, y el proceso de desembolso deberá completarse dentro de ciertos plazos establecidos por la administración del acuerdo.

Supuestamente elevaban el costo total del alquiler para los inquilinos

Los cargos por servicios no revelados y otros honorarios, como los indicados anteriormente, podrían haber generado cargos únicos o recurrentes que, en conjunto, supuestamente elevaban el costo total del alquiler para los inquilinos, dificultando la comprensión de lo que estaban pagando.

En ese sentido, la FTC subrayó la necesidad de que las empresas proporcionen información más clara y veraz sobre precios y cargos desde el primer contacto con el cliente.

Este caso se enmarca dentro de una tendencia más amplia de la FTC y otros reguladores a intensificar la supervisión de prácticas de cobro en el sector de alquiler de viviendas, un mercado que, en Estados Unidos, ha crecido considerablemente en la última década.

En el pasado, otras compañías han enfrentado investigaciones y acuerdos similares por cargos ocultos, y el tema ha pasado a formar parte de debates de política pública sobre transparencia, derechos de los consumidores y responsabilidad corporativa.

Históricamente, los costos de vivienda han estado bajo escrutinio regulatorio desde hace décadas. En los últimos años, la supervisión de grandes propietarios y plataformas de alquiler ha aumentado, con implicaciones para mercados locales, informes de crédito y procesos de verificación de ingresos.

Aunque este acuerdo representa un hito para los consumidores afectados, también marca una señal para el sector: las prácticas de cobro deben ser claras, y los derechos de los inquilinos deben estar protegidos.

A nivel práctico, la FTC ha indicado que los pagos a los inquilinos se realizarán a través de un programa de reembolsos administrado por una entidad designada y que la elegibilidad y el método de entrega de cada pago se comunicarán a los titulares de contrato de forma individual.

El objetivo declarado de la agencia es evitar que prácticas similares se repitan y, al mismo tiempo, reforzar la confianza de los consumidores en un mercado de alquiler que ha crecido en complejidad y en la uso de servicios añadidos.

Para los analistas, este acuerdo podría servir como marco de referencia para futuras investigaciones que involucren a grandes propietarios y cadenas de servicios vinculados al alquiler.

En un contexto en el que la protección al consumidor cobra cada vez mayor protagonismo, la decisión de la FTC podría influir en cómo las empresas estructuran la información de precios y cobros de cargos, y en cómo las autoridades supervisan la verificación de estos cargos ante los tribunales y ante los usuarios finales.

En definitiva, el mensaje que queda es claro: la transparencia en la relación entre arrendador y arrendatario no es opcional, y las autoridades están dispuestas a actuar cuando se detectan inconsistencias que afectan a cientos de miles de personas.