La ciudad aprueba una regulación que limita la oferta turística y protege la vivienda de uso residencial, con tres candados que dificultan la apertura de nuevos alojamientos. También se autorizarán aparcamientos en altura en La Torre para reducir riesgos ante inundaciones, y se detallan datos del presupuesto municipal para 2025.
En la sesión plenaria de marzo, el Ayuntamiento aprobará una nueva normativa que endurece las condiciones para los alojamientos turísticos y cambia el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir, eso sí, aparcamientos en altura en los edificios de La Torre, en la pedanía del sur.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, lo deja claro: esta normativa es la respuesta a años de crecimiento de los pisos turísticos y busca que la gente tenga vecinos, comercios y un barrio estable.
"Va a frenar la proliferación de #apartamentos turísticos de la última década en la ciudad", afirma con contundencia.
La normativa plantea tres candados que deben cumplirse de forma simultánea para que se pueda abrir una nueva oferta turística en una zona concreta.
El primero de ellos es un tope global de plazas: el número total de plazas turísticas —hoteles, apartamentos o Viviendas de Uso Turístico (VUT)— no podrá superar el 8% de los habitantes empadronados en cada barrio o distrito.
En palabras simples: cuando un barrio llega a ese umbral, ya no se pueden crear más plazas turísticas allí.
El segundo candado protege el uso residencial: como máximo, el 2% del total de viviendas de cada barrio o distrito puede destinarse a uso turístico.
Por debajo de ese límite, solo se permitirán en bajos y primeras plantas y, lo más importante, siempre con acceso independiente desde la calle, separado del de la comunidad.
Esto significa que no habrá convivencia entre viviendas y turismo al mismo nivel dentro de una misma planta.
El tercer candado busca mantener la diversidad comercial: en las plantas bajas de cada manzana, solo se podrá destinar hasta un 15% de la superficie a alojamientos turísticos en parcelas donde predomine el uso residencial.
En conjunto, estos tres límites no operan por separado; basta con superar cualquiera de ellos para bloquear la apertura de nuevos alojamientos turísticos en esa zona.
Según el equipo de Urbanismo
El resultado práctico, según el equipo de Urbanismo, es que abrir nuevos apartamentos turísticos en València se vuelve prácticamente inviable.
La norma también fija que, con la entrada en vigor, finalizará la #moratoria de dos años que se había establecido y se impondrán candados administrativos en barrios, distritos y manzanas, con la excepción de Ciutat Vella, que ya tiene regulación específica.
El concejal Giner añade que la medida incluye una valoración de aportaciones vecinales para mejorar la propuesta original, con la intención de favorecer a los vecinos y al comercio de barrio.
La otra gran novedad es un plan para La Torre: el #PGOU permitirá aparcamientos en altura en los nuevos edificios, con el objetivo de evitar problemas de #inundaciones tras inundaciones como la Dana de 2024.
Se podrán abrir plazas en planta baja y en las plantas 1ª y 2ª de estos edificios, tanto en torres en bloque (TOB) como en torres exentas (TOE). El mantenimiento de estas plazas recaerá en las comunidades de propietarios, y la solución ha sido presentada como una medida para ganar seguridad urbanística y, a la vez, liberar espacio en las parcelas.
Además de estas novedades urbanísticas, el Pleno de marzo abordará la liquidación del presupuesto de 2025. El gobierno municipal informó de un remanente de tesorería de 38 millones de euros, con 201 millones de euros ya invertidos el año pasado. Parte de ese superávit se destinará a remanentes y a inversiones financieramente sostenibles para seguir transformando la ciudad. Entre los proyectos destacados figuran el polideportivo de Sant Isidre, el centro municipal de artes escénicas de El Cabanyal y el Espai Dones, además de inversiones en Parques y Jardines y el Consell Agrari.
También se destinan 6,8 millones de euros para avanzar en el Plan Director de la EMT, con el fin de ampliar la flota de autobuses eléctricos y mejorar la sostenibilidad del transporte público.
Y 2,74 millones irán destinados a reducir la deuda municipal, que ha pasado de 225 millones a 72 millones en poco más de dos años y medio.
En suma, #Valencia pretende combinar un control más firme del turismo con inversiones en servicios y transporte, siempre desde una óptica de estabilización de los barrios y protección de la #vivienda para quienes viven allí.