La gobernadora Hochul presenta un conjunto de leyes para limitar la actuación federal en inmigración, exigir responsabilidades a ICE y cuando haga falta, defender a los ciudadanos y la educación en Nueva York, todo dentro del presupuesto para 2027.
La gobernadora Kathy #Hochul anunció hoy un paquete de leyes incluido en el presupuesto para el año fiscal 2027 que busca poner freno a la aplicación agresiva de las leyes de #inmigración por parte del gobierno federal y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad de las comunidades en Nueva York.
En palabras simples, quiere que las fuerzas del orden local se ocupen de la seguridad cotidiana, no de hacer la labor de #ICE a nivel estatal. Es una propuesta que, según la propia Hochul, quiere convertir a #Nueva York en un referente nacional en defensa de los derechos constitucionales frente a posibles abusos federales.
Las medidas clave que propone el presupuesto giran en torno a varias ideas de sentido común. En primer lugar, prohíbe a gobiernos locales, a la policía estatal y a los servicios penitenciarios estatales y locales celebrar acuerdos como el #287(g) u otros acuerdos similares que permitan que personal e instalaciones policiales estatales o locales colaboren con el control civil de la inmigración.
También prohíbe que estos gobiernos paguen o financien de cualquier forma la construcción, propiedad u operación de centros de detención de inmigrantes, y prohíbe modificar la zonificación para levantar un centro de detención sin la participación pública.
En la práctica, esto significa que Nueva York no quiere ser escenario de una cooperación abierta a nivel local entre autoridades policiales y migratorias federales, ni facilitar infraestructuras para esa labor.
Otra parte importante de la iniciativa es la prohibición del uso de cubrebocas o mascarillas por parte de las fuerzas del orden al interactuar con el público.
Se permite, eso sí, el equipo táctico necesario, las gafas de sol y las mascarillas médicas cuando sea preciso, pero la idea es que se eviten interacciones innecesariamente intimidatorias o confusing para la gente que vive en las calles.
Esto no quiere decir que se vayan a dejar de lado las medidas de seguridad: se trata de aclarar límites y evitar abusos, something that la gobernadora califica como una salvaguarda básica para las libertades de los ciudadanos.
En tercer lugar, la ley busca responsabilizar a las autoridades federales cuando violen derechos constitucionales garantizados por la Constitución de Nueva York.
Los neoyorquinos pueden demandar a funcionarios estatales y locales por violaciones de derechos bajo la ley federal de derechos civiles
Actualmente, los neoyorquinos pueden demandar a funcionarios estatales y locales por violaciones de derechos bajo la ley federal de derechos civiles, pero las acciones contra funcionarios federales eran más limitadas.
Canadá incorporará vivienda y servicios de salud en su estrategia de inmigración
El ministro de Inmigración de Canadá, Marc Miller, anunció que el país incorporará la planificación de vivienda, atención médica y otros servicios en su estrategia de inmigración, luego de registrar el mayor aumento de población en casi siete décadas.Con estas nuevas normas, se abre la vía para que las personas presenten demandas contra funcionarios federales, estatales y locales por violaciones de derechos constitucionales, fortaleciendo así la protección legal de los habitantes frente a abusos federales.
El paquete introduce también salvaguardas en las interacciones con empleados públicos. Se prohíbe usar agencias civiles estatales o locales, así como recursos de escuelas públicas, para labores de control migratorio civil. Entre otras prohibiciones, se restringe interrogar o indagar a personas únicamente con fines migratorios, salvo que una orden judicial federal así lo exija, y se impide divulgar información personal a autoridades de inmigración o permitirles acceso a áreas restringidas de instalaciones públicas.
Del mismo modo, se protege a los estudiantes evitando su traslado a custodia migratoria, salvo orden judicial específica.
Otra línea clave es la que impide el acceso de las autoridades de inmigración a lugares sensibles. Ninguna instalación estatal o municipal, incluyendo hospitales, escuelas, bibliotecas, guarderías, residencias estudiantiles y centros de salud, puede facilitar el acceso a estas instalaciones a las autoridades de inmigración sin una orden judicial.
La medida alcanza también a instituciones privadas o gestionadas por el sector privado para asegurar que nadie pueda usar su espacio para labores de control migratorio sin respaldo judicial.
Finalmente, se garantiza el derecho de todo estudiante a la educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio, y se prohíben prácticas que recolecten o divulguen datos sobre el estatus migratorio, lo que podría disuadir a los alumnos de estudiar.
Históricamente, este tipo de debates ha ido ganando terreno en Estados Unidos, con la idea de limitar la cooperación entre autoridades migratorias y servicios públicos, y de reforzar el principio de igualdad de oportunidades para todos los niños que viven en el estado.
En ese marco, Nueva York busca avanzar con una agenda que, según sus defensores, protege a las familias trabajadoras y a las comunidades locales sin perder de vista la seguridad y el respeto a la ley.
En las próximas semanas el debate político adquirirá más forma, y la pregunta clave será si estas medidas logran equilibrar seguridad, derechos y viabilidad operativa para las instituciones estatales y locales.