La gobernadora Hochul presentó un conjunto de leyes dentro del presupuesto 2027 para limitar la aplicación de las políticas migratorias federales, reforzar derechos constitucionales y exigir responsabilidades a autoridades federales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la legalidad en el estado.
Lo que anunció hoy la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue un paquete de leyes dentro del presupuesto para el año fiscal 2027 que, según ella, busca proteger a los neoyorquinos de la aplicación agresiva de las leyes federales de #inmigración por parte de #ICE y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad y los derechos en el estado.
En palabras de la gobernadora, estas medidas pretenden que las fuerzas del orden locales se ocupen de la seguridad de las comunidades y no del trabajo que corresponde a las autoridades migratorias federales.
Hochul afirmó que las acciones del pasado de ICE han supuesto abusos de poder y que, con estas normas, se busca frenar esos excesos, defender los derechos constitucionales de los residentes y evitar que haya refugio para delincuentes dentro de Nueva York.
No es la primera vez que el estado se posiciona en este terreno, pero sí una de las fases más ambiciosas del #presupuesto 2027 para frenar la cooperación con agencias federales en el ámbito migratorio y garantizar una mayor rendición de cuentas.
Entre las medidas destacadas figura la prohibición de que gobiernos locales, policías estatales y servicios penitenciarios celebren acuerdos de cooperación con el gobierno federal para fines de control civil de la inmigración, como los conocidos 287(g) que permiten uso de personal e instalaciones para ese objetivo.
También se prohíbe financiar o contribuir de cualquier forma a la construcción, propiedad u operación de centros de detención de inmigrantes, y se exige consulta pública antes de modificar normativas de zonificación para instalaciones de ese tipo.
Otra norma prohíbe a las fuerzas del orden usar cubrebocas o mascarillas durante interacciones con el público, con excepción de equipos tácticos, gafas de sol y mascarillas médicas; la violación intencional sería una infracción y las reincidencias, un delito menor.
En paralelo, se propone una responsabilidad legal estatal para que los neoyorquinos, ante violaciones constitucionales, puedan presentar demandas contra funcionarios federales, además de las que ya caben contra autoridades estatales y locales.
Este cambio busca equilibrar el alcance de la protección de derechos y reducir la dificultad de denunciar abusos por parte de agentes federales.
Las salvaguardas también abarcan las interacciones con empleados públicos: se prohíbe usar recursos estatales o escolares para actividades de control migratorio civil, incluyendo el uso del tiempo de los empleados de escuelas públicas.
Ni divulgar información personal a las autoridades de inmigración
No se permite interrogar o investigar a personas exclusivamente por su estatus migratorio sin una orden judicial, ni divulgar información personal a las autoridades de inmigración, ni permitir que estas autoridades accedan a áreas restringidas de instalaciones públicas.
Canadá incorporará vivienda y servicios de salud en su estrategia de inmigración
El ministro de Inmigración de Canadá, Marc Miller, anunció que el país incorporará la planificación de vivienda, atención médica y otros servicios en su estrategia de inmigración, luego de registrar el mayor aumento de población en casi siete décadas.También se establece que no se debe liberar o trasladar a un estudiante a custodia migratoria, salvo que una orden judicial lo determine. Además, se procura impedir el acceso de las autoridades de inmigración a lugares sensibles y a áreas no públicas de instalaciones estatales, incluidas escuelas, hospitales, guarderías, viviendas y centros de salud, salvo con una orden judicial.
El texto también protege la integridad de las urnas y de los lugares de votación frente a posibles intrusiones y amplía estas protecciones a instalaciones privadas administradas por el sector público.
En lo que respecta a la educación, la legislación garantiza el derecho de todos los estudiantes a recibir educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio, y prohíbe prácticas que recolecten o divulguen datos sobre el estatus migratorio que puedan disuadir a alumnos indocumentados de ejercer ese derecho.
En síntesis, el paquete busca equilibrar seguridad y derechos, fortaleciendo la autonomía de los gobiernos locales frente a la aplicación migratoria federal y estableciendo salvaguardas para alumnos, docentes y familias.
Históricamente, #Nueva York ha mostrado una postura más restrictiva frente a la cooperación entre las estructuras estatales y federales para el control migratorio, priorizando la protección de derechos civiles y de la seguridad comunitaria.
Este movimiento, dentro del marco del presupuesto 2027, se enmarca en una narrativa de respuesta a lo que algunos sectores describen como abusos de poder por parte de agencias federales y un intento de fortalecer la capacidad del estado para decidir qué debe hacerse a nivel local.
Los efectos prácticos de estas leyes podrían generar debates de naturaleza política y legal, con posibles desafíos judiciales y tensiones presupuestarias entre el gobierno estatal y el gobierno federal, así como con actores que defienden una mayor cooperación migratoria.
En cualquier caso, la administración insiste en que estas medidas son necesarias para garantizar que Nueva York siga siendo un estado que protege a sus residentes y que, al mismo tiempo, respeta la ley y la Constitución.