La Consejería de Política Social intensifica las gestiones para valorar la dependencia en Murcia, reduciendo esperas y sumando recursos para atender a más personas con rapidez.
Este descenso se debe a una serie de mejoras promovidas para acelerar el sistema y garantizar que las personas tengan más rápido acceso a las prestaciones y servicios.
En 2025, además, se registró un dato relevante: más de 1.100 personas fueron valoradas por la vía de urgencia, lo que permitió resolver estos casos prioritarios en menos de tres meses. Este uso de la vía de urgencia no solo alivia la carga de la red general, sino que también evita que las familias tengan que esperar largos periodos para recibir apoyo esencial.
Aun así, la población demanda sigue creciendo, impulsada en parte por una mayor esperanza de vida y el envejecimiento de la población.
La Consejería ha puesto en marcha medidas concretas para reforzar la capacidad de valoración. Entre ellas destacan la creación de diez plazas estables de valoradores, que aumentan la capacidad de tramitar informes y dictámenes. También se ha reforzado la colaboración con los #servicios sociales municipales mediante la contratación de más trabajadores sociales y la adquisición de equipos informáticos para acelerar la elaboración de informes y la tramitación de expedientes.
Todo ello se acompaña de una inversión cercana a los 1,2 millones de euros.
Estas actuaciones forman parte de una batería de medidas con las que la Consejería pretende simplificar procedimientos administrativos y reducir de forma progresiva y sostenible los tiempos de espera.
Se confirma que estas mejoras continuarán durante 2026, con el objetivo de mantener el impulso y evitar volver a los retrasos que se habían detectado en años anteriores.
Sin embargo, la Junta advierte que el Gobierno de España no aporta la financiación necesaria para sostener todo este esfuerzo, lo que añade presión al presupuesto regional para mantener y ampliar los servicios.
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A nivel financiero, la situación de dependencia en la Región tiene antecedentes que vale la pena recordar. Desde 2018, la Región ha quedado con una deuda que supera los 600 millones de euros en materia de dependencia, deuda que refleja el desfase entre las necesidades de la población y la financiación recibida desde el ámbito estatal.
En el último año analizado, el gasto de dependencia en la región ascendió a 358.417.362 euros, y la administración autonómica asumió más de 270 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 75 por ciento del gasto total. Por su parte, el Gobierno de España aportó 88 millones, alrededor del 24 por ciento del total, una cifra que contrasta con la distribución de financiación que, en teoría, debería distribuir el 50 por ciento entre ambas administraciones.
Esto explica parte de la motivación de la región para seguir priorizando estas #valoraciones y buscar soluciones propias ante un marco de financiación que se mantiene incompleto.
En resumen, #Murcia está tomando medidas para reducir las largas esperas, ampliar la capacidad de valoración y mejorar la atención a las personas dependientes.
Aunque hay retos económicos a nivel nacional, la región busca garantizar que las personas reciban la ayuda que necesitan con mayor rapidez, manteniendo un compromiso claro con la eficiencia administrativa y la mejora de la vida diaria de las familias afectadas.