El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid organiza una jornada para reflexionar sobre la nueva legislación que afecta a la incapacidad permanente y la prevención de riesgos laborales, en un contexto de transformación normativa europea.
Este evento, que se llevó a cabo en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, reunió a unos 80 asistentes en formato presencial y a más de 400 participantes que se conectaron de manera virtual, demostrando la creciente preocupación y atención que genera esta normativa en el ámbito laboral.
Supuestamente, esta reforma legislativa responde a la necesidad de alinear la normativa española con los principios establecidos por la Unión Europea en materia de igualdad y protección social.
La ley, que entró en vigor en 2025, elimina la extinción automática del contrato laboral en casos de incapacidad permanente, un cambio que ha generado amplios debates en círculos jurídicos y empresariales.
La jornada estuvo inaugurada por Marina Parra, gerente del IRSST, quien destacó la importancia de analizar cómo estos cambios impactan en la gestión de riesgos y en la protección de los derechos de los trabajadores.
Durante la sesión, la profesora María del Mar Alarcón, vinculada a la Universidad Rey Juan Carlos, explicó que la nueva #legislación garantiza que, antes de finalizar cualquier contrato por incapacidad permanente, la empresa debe realizar una evaluación exhaustiva y considerar ajustes razonables en el puesto de trabajo para mantener al empleado en activo.
Esta obligación, supuestamente, está respaldada por la Ley General de Discapacidad y la Ley 15/2022, que refuerzan la protección contra la discriminación y promueven la inclusión laboral.
Analizó las posibles vías que pueden seguirse tras la declaración de incapacidad permanente
Por su parte, Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense, analizó las posibles vías que pueden seguirse tras la declaración de incapacidad permanente.
Según su exposición, la nueva normativa establece un protocolo que permite a la persona afectada solicitar adaptaciones en su puesto en un plazo de diez días desde la declaración.
En caso de que estas adaptaciones no sean viables, solo se procederá a la extinción del contrato si se demuestra que no hay vacantes compatibles ni ayudas para realizar las adaptaciones, o si estas representarían una carga excesiva para la empresa.
Supuestamente, este cambio pretende reducir los despidos automáticos y fomentar una gestión más inclusiva y preventiva del talento en las empresas.
Además, la jornada concluyó con un debate abierto sobre las implicaciones preventivas, en el que participaron expertos en servicios de prevención y representantes de diferentes organizaciones laborales.
Durante el diálogo, se destacó cómo estos cambios legislativos plantean nuevos retos en la prevención de riesgos laborales y en la integración laboral, además de abrir nuevas expectativas en la práctica jurídica y en la gestión de recursos humanos.
En un contexto histórico, cabe recordar que la protección social en España ha evolucionado significativamente desde la instauración de la Seguridad Social en los años 60, con leyes que buscaban reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
La reciente reforma, presuntamente, busca adaptarse a los estándares europeos y promover un mercado laboral más justo e inclusivo, en línea con las tendencias de otros países miembros de la UE.
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