Por primera vez, la Comunidad de Madrid organiza un evento dedicado a abordar la problemática de la ocupación ilegal y reclama al Gobierno central acciones más contundentes para proteger a los propietarios y acelerar los desalojos.
La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo por primera vez una jornada dedicada a analizar y debatir sobre el creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno que ha generado alarma social y preocupación entre propietarios, especialmente en el contexto de un mercado de alquiler cada vez más tensionado.
La reunión, celebrada en la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, contó con la participación de representantes institucionales, expertos en derecho y seguridad, así como víctimas que compartieron sus experiencias y las dificultades que enfrentan para recuperar sus propiedades.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, fue uno de los principales ponentes del evento. Durante su intervención, resaltó la postura firme del Gobierno regional en defensa de las personas que cumplen la ley y afirmó que la Comunidad siempre estará del lado de los propietarios legítimos.
Además, pidió al Gobierno central que adopte medidas más severas contra quienes cometen ocupaciones ilegales, proponiendo endurecer las penas establecidas en el Código Penal para delitos como el allanamiento de morada y la usurpación de inmuebles.
En este sentido, el consejero recordó que, a pesar de que muchos creen que la ocupación afecta principalmente a bancos o grandes propietarios, en realidad hay muchas familias, jubilados y pequeños autónomos que sufren las consecuencias de estas acciones delictivas.
La ocupación no solo genera pérdidas económicas, sino que también provoca un impacto psicológico y social severo en las víctimas. La comunidad ha puesto en marcha diferentes iniciativas para apoyar a estos afectados, incluyendo asesoramiento legal y acciones de recuperación de las viviendas.
Una de las acciones destacadas ha sido la implementación del servicio 112 Ocupación, integrado en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), que funciona desde junio de 2022.
Este sistema permite una respuesta rápida ante denuncias de ocupación y coordina a las fuerzas de seguridad, servicios sociales y organismos judiciales para actuar con celeridad.
Hasta ahora, ha recibido más de 2.600 llamadas, logrando evitar 22 ocupaciones y desalojar 22 viviendas, gracias a la actuación inmediata y coordinada.
El proyecto también contempla la creación de un espacio especializado que ofrecerá asesoramiento jurídico en tiempo real a los abogados y letrados de las víctimas, mediante colaboración con los colegios de abogados y procuradores.
Además, los afectados podrán acceder a atención psicológica a través de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD). Estas medidas buscan no solo agilizar los procesos legales sino también ofrecer un apoyo integral a quienes sufren las consecuencias de la ocupación ilegal.
Desde un punto de vista histórico, la ocupación ilegal de viviendas en España ha sido un problema persistente desde las décadas de los 70 y 80, en un contexto de crisis económica y aumento del desempleo.
Sin embargo, en los últimos años, con la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19, este fenómeno ha adquirido nuevas dimensiones, incrementándose en ciudades como Madrid, donde la falta de vivienda asequible y la especulación inmobiliaria han contribuido a su auge.
La Unión Europea ha instado a los Estados miembros a adoptar medidas coordinadas para luchar contra este delito, considerando que la ocupación puede estar vinculada también a redes delictivas organizadas en algunos casos.
En este escenario, la Comunidad de Madrid se posiciona como una de las regiones más activas en la lucha contra la ocupación ilegal, promoviendo políticas que combinan acciones de seguridad, apoyo social y reformas legales para proteger a los propietarios y reducir la impunidad.
La jornada celebrada el 29 de mayo de 2025 marca un paso importante en esta estrategia, poniendo sobre la mesa la necesidad de unir esfuerzos y fortalecer las leyes para garantizar el respeto por la propiedad privada y la seguridad ciudadana.
