La Comunidad de Madrid critica la carga económica que supone la condonación de la deuda a Cataluña, según un análisis del Gobierno regional.
La Comunidad de Madrid ha puesto de manifiesto el coste que acarrea la reciente condonación de deuda acordada entre el Gobierno central y el independentismo catalán.
Según un informe presentado por el Consejo de Gobierno, cada ciudadano de la región deberá asumir un gasto adicional de 483 euros debido a esta medida, mientras que se espera que el ahorro por parte de los madrileños sea de aproximadamente 410 euros.
Durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha expresado su preocupación y contrariedad ante lo que considera un claro aumento de la carga fiscal que, según sostiene, no es justa para los ciudadanos de Madrid.
Albert ha subrayado que la deuda no se ha eliminado, sino que simplemente ha cambiado de propietario. Ahora, con el Estado asumiendo estas deudas, serán todos los españoles quienes tendrán que cargar con las cuentas pendientes de una administración que, a su juicio, ha demostrado un derroche irresponsable.
Albert también ha señalado que esta decisión ha sido tomada de manera unilateral por el Gobierno central, sin haber habido negociaciones previas con las comunidades autónomas.
En su análisis, la consejera critica que existe un trato privilegiado hacia Cataluña, basado en un acuerdo de gobernabilidad entre el Gobierno y Esquerra Republicana, que no representa el interés de todas las comunidades autónomas.
La consejera ha descrito la medida como un "traje a medida para Cataluña" y asegura que, utilizando una metodología sesgada, se han fabricado cifras que favorecen en demasía a la región catalana, en detrimento de otras como la madrileña.
La adopción de políticas que incentivan el endeudamiento ha llevado a una fluctuación en el estatus financiero de la Comunidad de Madrid. Lo que antes era la región con menor deuda en el régimen común, ahora se plantea la posibilidad de convertirse en la segunda en cuanto a porcentaje de deuda, solo superada por Asturias.
Esta cambio situaría a Madrid en una posición complicada en términos de sostenibilidad económica y competitividad. La consejera ha enfatizado que los esfuerzos de su administración están orientados a evitar que los madrileños sean responsables de las deudas acumuladas por otros.
La firme postura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se centrará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se reitera que no se aceptará ninguna negociación que implique cargar a los madrileños con las deudas de los independentistas catalanes.
Esta situación ha generado un malestar creciente entre la ciudadanía, que ve en estas decisiones una falta de responsabilidad y de ética por parte del Gobierno central, que, tal como denuncia la consejera, "solo ha conseguido garantizar la impunidad para quienes han gestionado recursos de manera negligente".
En resumen, la situación política y económica en torno a la condonación de deudas continuará siendo punto de debate y conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
