La Comunidad de Madrid solicita la paralización de las reformas en Justicia en España, argumentando que atentan contra la independencia judicial y la separación de poderes recogidos en la Constitución Española. La región advierte sobre los peligros que estas modificaciones representan para el Estado de derecho y la convivencia democrática.
La razón principal es que estas modificaciones podrían poner en jaque la independencia del poder judicial y la separación de poderes, principios fundamentales consagrados en la Constitución Española de 1978.
El Consejo de Gobierno de la #Comunidad de Madrid aprobó ayer una petición formal en la que solicita la retirada del Proyecto de Ley Orgánica que busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, una normativa esencial que regula la organización y funcionamiento de los tribunales en España.
Además, la región pide que se deje de lado el anteproyecto que pretende alterar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el de Enjuiciamiento Criminal, leyes que determinan las competencias y el funcionamiento de estos órganos cruciales para el Estado de Derecho.
Estas reformas, según argumentan desde la Comunidad, han generado preocupación entre los principales actores jurídicos del país, como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE).
La región considera que estas propuestas legislativas suponen un ataque directo a la independencia judicial, un pilar fundamental para garantizar la imparcialidad y la #justicia en una democracia moderna.
Históricamente, la independencia judicial ha sido un tema central en la historia constitucional de España. Tras la dictadura de Franco, la Constitución de 1978 estableció claramente la separación de poderes y la independencia del poder judicial como garantías imprescindibles para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
La comunidad advierte que las #reformas propuestas
La comunidad advierte que las reformas propuestas, en particular las que modifican los criterios de acceso a las carreras judicial y fiscal, vulneran los principios de mérito y capacidad que deben regir en el ingreso y la carrera judicial.
Además, se denuncia que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y las modificaciones al Estatuto del Ministerio Fiscal podrían alterar la estructura y funcionamiento del Consejo Fiscal, un órgano que en otros países como Alemania o Reino Unido funciona de manera colegiada e independiente.
La Comunidad de Madrid recuerda que estos cambios alejan a la Fiscalía española del modelo europeo, en el que la fiscalía mantiene una plena autonomía para garantizar la imparcialidad en la persecución de delitos.
Desde la región se advierte que estas reformas no solo atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, sino que también ponen en riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y los valores democráticos que han sido defendidos por los españoles durante más de cuatro décadas.
La Comunidad de Madrid ha reiterado su compromiso con la Constitución y ha pedido que se abra un diálogo abierto y transparente para buscar soluciones que fortalezcan el sistema judicial sin menoscabar su independencia y su papel como garante de las libertades.
El debate sobre estas reformas en Justicia llega en un momento en que Europa también mira con atención las reestructuraciones del sistema judicial en diferentes países, ante el riesgo de que puedan afectar la cooperación judicial y el respeto a los derechos fundamentales.
