La presidenta de la Comunidad de Madrid aboga por la continuidad de la planta nuclear de Almaraz, argumentando su importancia para la economía y el suministro eléctrico.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamado en Extremadura para que se extienda la vida útil de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres.
Según Ayuso, esta infraestructura es fundamental para garantizar no solo la estabilidad del sistema eléctrico nacional, sino también el desarrollo económico de la región.
La planta tiene previsto su cierre a partir del año 2027, lo que, según la presidenta, podría tener consecuencias gravísimas tanto para el suministro eléctrico como para la competitividad de la economía madrileña.
Durante una reunión en Mérida con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ambas mandatarias firmaron una declaración institucional instando a la reconsideración de esta medida.
Ayuso destacó que las decisiones sobre la energía nuclear deberían basarse en criterios técnicos y de seguridad, en lugar de estar influenciadas por ideologías.
Esta declaración se produce en un contexto donde, según Ayuso, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, está en la Unión Europea hablando sobre energía nuclear y su importancia para la estabilidad energética de Europa.
La presidenta subrayó que el cierre de Almaraz podría poner en peligro una parte significativa del suministro energético, dado que alrededor del 15% de la energía consumida en Madrid proviene de esta instalación.
En su intervención, Ayuso advirtió que la plataforma en contra de la energía nuclear podría llevar a España a depender aún más de los combustibles fósiles, en particular del gas ruso, que representa el 21% del total que importa el país.
Además, mencionó estudios recientes que revelan que el cierre de la planta nuclear podría incrementar las tarifas eléctricas en un 23%, afectando de manera negativa a hogares y pequeñas empresas, y con ello, amenazando miles de empleos.
Se estima que un cierre anticipado de las centrales nucleares generaría unas pérdidas de aproximadamente 22.500 millones de euros, lo que representaría un serio daño a la economía de la región.
Desde 2022, la energía nuclear fue reconocida como energía verde por la Unión Europea, lo cual ayuda a combatir la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO₂ anuales.
Este hecho es vital para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones y para asegurar una oferta energética estable.
Ayuso también expresó su preocupación por el aumento de hasta un 70% en la carga fiscal para las empresas del sector en los últimos años, lo que ha desalentado la inversión en estas instalaciones.
La presidenta concluyó su intervención señalando que las políticas actuales están comprometiendo la industria, el empleo, y la seguridad nacional, pidiendo por tanto al gobierno que no ponga en peligro el futuro energético de España.