El gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de querer apoderarse de sus recursos petroleros y vulnerar su soberanía, alertando sobre posibles acciones militares y vulneraciones aéreas.
La denuncia fue presentada ante la organización #OPEP+ —liderada por Arabia Saudí y Rusia— así como ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en un contexto de creciente tensión diplomática y económica.
Presuntamente, estas acciones estarían motivadas por intereses geopolíticos que buscan controlar los vastos recursos energéticos de Venezuela, uno de los países con mayores reservas probadas de #petróleo del mundo.
El presidente Nicolás Maduro envió una carta oficial a la OPEP+ en la que advierte sobre la posible intención de Estados Unidos de usar la fuerza militar para ocupar las instalaciones petroleras y controlar su mercado energético.
La misiva, divulgada por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, fue enviada en el marco de la segunda reunión ministerial de 2025 y expresa que estas acciones presuntamente contravienen los principios de convivencia pacífica entre naciones y amenazan la estabilidad del mercado mundial de hidrocarburos.
Supuestamente, Estados Unidos ha incrementado su presión sobre #Venezuela mediante amenazas abiertas y advertencias de cerrar su espacio aéreo. La administración de Donald Trump, en un comunicado borrado posteriormente de las redes sociales del Ministerio de Transporte venezolano, habría anunciado un cierre total del espacio aéreo del país, sin tener la autoridad legal para ello, según la versión oficial venezolana.
La Institución Aeronáutica Nacional (INAC) reafirmó que es la única autoridad competente para regular el espacio aéreo venezolano y que las operaciones de varias aerolíneas internacionales, como Iberia, Air Europa, Turkish Airlines y Avianca, permanecen suspendidas, mientras otras, como Copa Airlines y Boliviana de Aviación, continúan operando en la nación.
Por otra parte, supuestamente, Donald Trump confirmó haber mantenido una conversación con Nicolás Maduro. Aunque evitó detallar los contenidos del diálogo, indicó que existió una comunicación y que podría tratarse de una iniciativa para coordinar una reunión futura en Estados Unidos.
No obstante, expertos y analistas consideran que esta conversación sería parte de las estrategias diplomáticas de ambos gobiernos para aliviar la tensión en la región, que ha sido agravada por sanciones, amenazas y conflictos políticos.
En respaldo a Venezuela
En respaldo a Venezuela, el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó a la #OACI que convoque a una reunión para analizar lo que calificó como un cierre ilegal del espacio aéreo venezolano por parte de Trump.
Petro también hizo un llamado a la Unión Europea para que presione por la normalización de los vuelos hacia y desde Venezuela, en un intento por restablecer las conexiones aéreas y evitar un mayor aislamiento del país sudamericano.
Supuestamente, una agencia de turismo rusa, Pegas Touristik, anunció que redirigirá sus vuelos destinados a Venezuela hacia Cuba, en respuesta a la supuesta amenaza a la seguridad aérea venezolana.
La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) justificó esta decisión en la posible peligrosidad de los vuelos en el espacio aéreo venezolano debido a las tensiones con #EE.UU. Los países vecinos, como Guyana y Trinidad y Tobago, aseguraron que sus aerolíneas continúan operando con normalidad en sus espacios aéreos.
Por último, el Parlamento venezolano anunció que iniciará una investigación sobre los ataques a embarcaciones en el Caribe, en los que supuestamente Estados Unidos ha estado involucrado.
El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, afirmó que se han recibido denuncias sobre la pérdida de vidas de venezolanos y otros ciudadanos en estos incidentes, y adelantó que se crearán comisiones especiales para esclarecer los hechos, que presuntamente tienen un trasfondo de lucha contra el narcotráfico y control marítimo.
Supuestamente, en los últimos meses, EE.UU. ha llevado a cabo más de 20 ataques en el mar Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, resultando en la muerte de cerca de 80 personas, entre ellas venezolanos, colombianos y trinitenses.
