Bangkok, Tailandia.

Hace apenas 15 meses, los reformistas tailandeses liderados por Pita Limjaroenrat, un joven de 42 años educado en Harvard y Nueva Zelanda, lograron una victoria electoral que sorprendió a los poderosos generales del ejército y a los realistas del país, marcando lo que parecía ser un cambio histórico en la democracia de Tailandia.

El país había estado bajo el mando de Prayuth Chan-o-cha desde un golpe de Estado en 2014. Durante este tiempo, la economía había mostrado signos de debilidad, y la intromisión política de las élites había generado un creciente descontento entre los tailandeses más jóvenes y políticamente conscientes.

Estos ciudadanos comenzaron a cuestionar el papel de la monarquía y las estructuras de poder que se habían beneficiado del respaldo real.

El partido Move Forward, junto con su carismático líder Pita Limjaroenrat, ofrecía un nuevo vehículo político para canalizar estas quejas y esperanzas.

Pita Limjaroenrat ha afirmado: “La democracia en Tailandia está a la defensiva”, una declaración que resuena con muchos, dados los acontecimientos recientes.

En las elecciones de la cámara baja en mayo del año pasado, el partido Move Forward, cuyo predecesor, Future Forward, fue disuelto de manera abrupta en 2020, logró recibir la mayor cantidad de votos, lo que les otorgaba un mandato popular para formar una coalición pro-democracia.

Sin embargo, sus intentos de gobernar se vieron frustrados por un Senado no electo, lo que resultó en que Pita nunca llegara a convertirse en primer ministro.

La Corte Constitucional de Tailandia se encuentra, este miércoles, ante la crucial decisión de determinar si el Partido Move Forward podrá continuar existiendo.

El caso judicial, que se suma a la inestabilidad política del país, gira en torno al compromiso de Move Forward para flexibilizar las estrictas leyes de lèse-majesté, que castigan los agravios percibidos contra la monarquía con penas de hasta 15 años de prisión por cada infracción.

Estas leyes han estado vigentes en el código penal durante más de un siglo y reflejan el estatus exaltado de la monarquía en la cultura tailandesa.

Sin embargo, los críticos sostienen que el lèse-majesté se ha convertido en una herramienta para silenciar a los oponentes y asustar a otros disidentes.

A pesar de que estas leyes se aplicaron de manera selectiva antes del golpe de Estado de 2014, grupos de derechos humanos mencionan que el año pasado hubo más de 250 enjuiciamientos.

En una señal ominosa para los defensores de la democracia, la misma corte constitucional ya había dictaminado en enero que la prometida reforma era comparable a la insurrección, instruyendo al partido a cesar sus esfuerzos.

La solicitud actual ante el tribunal busca ir más allá: disolver el Partido Move Forward y prohibir a sus líderes participar en la política durante una década.

La situación sigue siendo tensa, y muchos en Tailandia se preguntan si podrán ver un futuro democrático o si los viejos poderes seguirán manteniendo el control.