En Bangkok, un tribunal de apelaciones de Tailandia ha impuesto a un activista político una sentencia récord por el delito penal de insultar a la monarquía, otorgándole una pena de 50 años de prisión después de declararlo culpable de 25 violaciones de la ley, según un grupo de abogados.

Mongkhon Thirakot, de 30 años, había sido condenado originalmente el año pasado a 28 años de prisión por el tribunal provincial en la provincia norteña de Chiang Rai por 14 de los 27 mensajes en Facebook por los que fue acusado.

El activista político Mongkhon Thirakot hace el gesto de tres dedos en apoyo a la democracia antes de ir a la corte.

Crédito: APMongkhon fue declarado culpable por el tribunal de apelaciones de la región norte de Chiang Rai el jueves, no solo en los 14 casos, sino también en 11 de los 13 casos de los que el tribunal inferior lo había absuelto, anunció el grupo Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos.

El tribunal de apelaciones lo condenó a 22 años adicionales de prisión, lo que eleva su total a 50 años.

Técnicamente, le habían dado una condena de 75 años de prisión, pero la sentencia se redujo en un tercio en reconocimiento a su cooperación en el proceso legal.

La ley sobre el insulto a la monarquía, un delito conocido como lèse-majesté, lleva una pena de prisión de tres a 15 años por cada cargo.

A menudo se le llama el artículo 112 después de su designación en el Código Penal de Tailandia.

Los críticos dicen que la ley a menudo se utiliza como una herramienta para aplastar la disidencia política.

Las protestas estudiantiles a favor de la democracia iniciadas en 2020 criticaron abiertamente a la monarquía, anteriormente un tema tabú, lo que llevó a enérgicas persecuciones bajo la ley, que antes rara vez se utilizaba.

Desde esas protestas, más de 260 personas han sido acusadas del delito, según el grupo de abogados.

El tribunal de apelaciones revocó las absoluciones del tribunal inferior sobre la base de que la ley se aplicaba en casos en los que no se hacía referencia al monarca actual ni a su familia inmediata, lo que había sido la norma durante muchos años.

Sin embargo, a medida que las persecuciones por lèse-majesté se hicieron más comunes en la última década, el caso judicial sentó un precedente al determinar que los gobernantes pasados también estaban cubiertos por la ley.