El Tribunal Supremo de Reino Unido ha dictaminado el miércoles que el plan controvertido del gobierno de enviar a algunos solicitantes de asilo en un solo sentido a Ruanda es ilegal, lo que supone un duro golpe para el gobierno del Primer Ministro Rishi Sunak.
En una decisión unánime, el tribunal rechazó el recurso del gobierno contra una sentencia anterior que afirmaba que no se podía enviar a los migrantes a Ruanda porque no se les podía considerar un tercer país seguro.
Los cinco jueces del tribunal más alto del país afirmaron que los solicitantes de asilo estarían 'en un verdadero riesgo de maltrato' porque podrían ser enviados de vuelta a sus países de origen una vez que estuvieran en Ruanda.
El primer ministro británico Rishi Sunak, y la ex ministra del interior Suella Braverman, quien fue la arquitecta del plan.
Braverman fue destituida el lunes durante un reajuste de gabinete.
Reino Unido y Ruanda firmaron un acuerdo en abril de 2022 para enviar a los migrantes que llegan al Reino Unido en barco a través del Canal de la Mancha al país del este de África, donde se procesarían sus solicitudes de asilo y, en caso de ser exitosas, se quedarían.
El gobierno de Sunak argumentó que la política de Ruanda disuadiría a las personas de arriesgar sus vidas cruzando una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y rompería el modelo de negocio de las bandas de traficantes de personas.
Los políticos de la oposición, grupos de refugiados y organizaciones de derechos humanos dijeron que el plan era poco ético y no viable.
Al leer la decisión unánime, el presidente del Tribunal Supremo, Robert Reed, afirmó que no se podía confiar en Ruanda para cumplir sus promesas de no maltratar a los solicitantes de asilo enviados desde Gran Bretaña.
Citó el pobre historial de derechos humanos del país, que incluye desapariciones forzadas y tortura, y practica el 'refoulement' -devolver a los migrantes a los países de origen donde podrían estar en riesgo.
El primer vuelo de deportación se detuvo en el último minuto en junio de 2022 cuando intervino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El gobierno ahora deberá buscar otras alternativas para abordar la crisis migratoria y las solicitudes de asilo en el Reino Unido.