En una notable desviación de su postura anterior, la Junta Militar de Myanmar ha realizado una importante oferta a las fuerzas de oposición del país, instando a la reconciliación y proponiendo un enfoque de 'política partidaria' para sanar las divisiones nacionales.

Esta oferta se emitió durante un noticiero nocturno, donde el líder de la junta, el General Senior Min Aung Hlaing, sugirió que los grupos de resistencia armada entregaran sus armas, formaran partidos políticos y participaran en las elecciones que serían supervisadas por el propio ejército.

Hasta este momento, la junta había desestimado sistemáticamente las solicitudes de la comunidad internacional para iniciar conversaciones con las fuerzas de resistencia.

En el contexto actual, este llamado ha sido interpretado por muchos como un intento desesperado de legitimar su autoridad antes de las elecciones.

La propuesta de la junta recuerda a una similar que hizo el exlíder militar Than Shwe, justo antes de las elecciones de 2010, las primeras en dos décadas en las que los birmanos pudieron ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, este proceso electoral fue criticado por no cumplir con los estándares democráticos, y muchos temen que una vez más la junta intente manipular el proceso para mantener su control.

Poco después de que se hizo este anuncio, varios comandantes de las fuerzas rebeldes, así como del gobierno civil en la sombra, rechazaron la oferta de forma inmediata.

Esta reacción se produce en un momento crítico, ya que las fuerzas de resistencia parecen estar en condiciones favorables para capturar Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, lo que representaría una victoria estratégica significativa.

Actualmente, las fuerzas de oposición controlan extensas áreas a lo largo de las fronteras de Myanmar y en regiones montañosas, mientras que el ejército sigue manteniendo el control sobre las principales ciudades y las tierras bajas en el valle central del Irrawaddy.

Esta situación ha llevado a que el descontento hacia el régimen militar aumente, ya que ha luchado por contener una oposición decidida que incluye a fuerzas étnicas entrenadas en la frontera, además de las Fuerzas de Defensa del Pueblo, compuestas por civiles que tomaron las armas tras el golpe de estado.

La Junta, oficialmente conocida como el Consejo de Administración del Estado, ha declarado que el estado ha sufrido pérdidas significativas en recursos humanos, infraestructura, vidas y propiedades debido a lo que denomina 'terrorismo armado' y 'lucha armada', en lugar de resolver los problemas políticos a través de medios democráticos.

Esta afirmación refleja la desesperación del régimen en un país sumido en el caos desde el golpe de estado de 2021, que destituyó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.

La situación de Myanmar también ha presentado un desafío considerable para China, que es el mayor inversionista en el país y que comparte una larga frontera con él.

A pesar de haber expresado apoyo a la junta, Pekín también ha mantenido conversaciones con grupos armados étnicos en el norte de Myanmar, una maniobra que subraya la compleja red de relaciones políticas y económicas en juego.

En resumen, el llamado de la junta a la oposición puede ser visto como un movimiento estratégico para desactivar la creciente resistencia, aunque es probable que enfrente una fuerte oposición de aquellos que han estado luchando por una democracia genuina y por los derechos del pueblo birmano.