Las inundaciones y deslizamientos de tierra ocasionados por los remanentes del tifón Yagi han causado la muerte de cientos de personas en Myanmar, y más personas continúan desaparecidas, lo que agrava la situación de una población ya devastada por el conflicto civil que vive el país.

Según estimaciones de la ONU, se cree que más de 630,000 personas han sido afectadas por las inundaciones, pero la recopilación de información se complica debido a los riesgos de seguridad y al estricto control de la dictadura militar que gobierna la nación.

El tifón Yagi hizo su aparición en Vietnam del Norte el pasado 7 de septiembre, donde se reportaron más de 250 fallecimientos, e inicialmente causó la muerte de 20 personas en Filipinas y cuatro en la provincia china de Hainan.

Después de su paso por Vietnam, Yagi se desplazó como una depresión tropical hacia el oeste, causando muertes adicionales en el norte de Tailandia.

A su paso por las regiones centrales de Myanmar, donde varios ríos fluyen desde las colinas, la situación se ha vuelto crítica, afectando a 59 municipios en nueve regiones y estados, incluida la capital Naypyidaw, controlada por la junta militar.

Antes del impacto del tifón, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) ya había estimado que 18.6 millones de personas, de una población total de 55 millones, necesitaban asistencia humanitaria.

Esta situación se ha vuelto aún más apremiante tras las inundaciones, que han dejado a la población sin acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos y atención médica.

Las autoridades y organizaciones humanitarias han reportado que hay una necesidad urgente de alimentos, agua potable, medicamentos, ropa y refugios para los desplazados.

El desastre en Myanmar no es nuevo; el país ha lidiado durante años con la inestabilidad política y una crisis humanitaria que ha resultado en el sufrimiento de millones.

Durante décadas, Myanmar ha estado sumido en conflictos internos, lo que ha llevado a la persecución de diversos grupos étnicos y ha agravado la pobreza en muchas áreas.

Desde el golpe de Estado en 2021, la situación ha empeorado, y el acceso a la ayuda humanitaria se ha vuelto más limitado, lo que complica aún más los esfuerzos para abordar la crisis generada por las recientes inundaciones.

La OCHA ha confirmado que son muchas las organizaciones que intentan ayudar en la región, pero desafortunadamente, los esfuerzos se ven obstaculizados por la falta de cooperación del gobierno militar.

Las comunidades afectadas necesitan un esfuerzo concertado tanto a nivel local como internacional para poder recibir la ayuda que urgentemente requieren en estos momentos de crisis.

A medida que las aguas continúan desbordándose y la desesperación aumenta, el clamor de la población surgiere que la comunidad internacional debe actuar con prontitud para proporcionar la asistencia necesaria y ayudar a aquellos que han sido gravemente afectados por esta tragedia natural.