Un juez en Montana ha dado la razón a jóvenes activistas ambientales que afirmaban que las agencias estatales estaban violando su derecho constitucional a un ambiente limpio y saludable al permitir el desarrollo de combustibles fósiles sin considerar su efecto en el clima. Este fallo se suma a otras decisiones judiciales en todo el mundo que han establecido la responsabilidad de los gobiernos de proteger a los ciudadanos del cambio climático.
En Montana, un juez de distrito llamado Kathy Seeley ha encontrado que la política utilizada por el estado para evaluar las solicitudes de permisos de combustibles fósiles, que no permite a las agencias evaluar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, es inconstitucional.
Seeley escribió en la sentencia que 'las emisiones de Montana y el cambio climático han demostrado ser un factor importante en la causación de impactos climáticos en el medio ambiente de Montana, así como daño y lesiones' para los jóvenes demandantes.
Sin embargo, es responsabilidad de la legislatura estatal determinar cómo cumplir con esta política.
Esto deja pocas posibilidades de un cambio inmediato en un estado favorable a los combustibles fósiles, donde los republicanos dominan la Cámara.
Julia Olson, una abogada que representa a los jóvenes, emitió un comunicado calificando el fallo como una 'gran victoria para Montana, para los jóvenes, para la democracia y para nuestro clima'.
'Con los incendios devastadores en el oeste, alimentados por la contaminación de los combustibles fósiles, el fallo de hoy en Montana marca un punto de inflexión en los esfuerzos de esta generación para salvar el planeta de los efectos devastadores del caos climático causado por los humanos', dijo Olson, directora ejecutiva de Our Children's Trust, un grupo ambiental de Oregón que ha presentado demandas similares en cada estado desde 2011.
Emily Flower, portavoz del fiscal general de Montana, Austin Knudsen, criticó el fallo calificándolo de 'absurdo' y afirmó que la oficina planea apelar.
Flower criticó a Seeley por permitir que los demandantes llevaran a cabo lo que Flower llamó un 'truco publicitario financiado por los contribuyentes'.