En Europa, Stella Assange, la esposa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, declaró que su esposo es poco probable que acepte cualquier acuerdo con el gobierno de Estados Unidos a cambio de su liberación anticipada por cargos de espionaje y piratería informática, ya que cree que sentaría un precedente peligroso para el periodismo.

Assange, de 52 años, un hacker australiano convertido en editor, enfrenta lo que podría ser su audiencia final en Londres a partir del martes mientras intenta detener su extradición a los Estados Unidos por cargos relacionados con la revelación en 2010 de una gran cantidad de documentos gubernamentales clasificados.

La Alta Corte del Reino Unido ha programado dos días de argumentos sobre si Assange, quien pasó siete años en autoexilio dentro de una embajada extranjera y los últimos cinco años en prisión, puede solicitar a una corte de apelaciones que bloquee su traslado.

Si la corte no permite que la apelación avance, podría ser enviado al otro lado del Atlántico.

En varias apariciones en los medios antes de la audiencia, Stella Assange dijo que su esposo estaba 'extremadamente débil' tanto física como mentalmente y advirtió que la decisión podría ser cuestión de vida o muerte.

El lunes, dijo que estaba convencida de que si su esposo era extraditado a los Estados Unidos 'morirá' y reveló que el alto comisionado de Australia en el Reino Unido, Stephen Smith, intervino en Navidad para asegurar atención médica para Assange en la Prisión de Belmarsh.

Hace tres años, un tribunal de Londres bloqueó temporalmente su extradición a los Estados Unidos porque el traslado lo pondría en riesgo de suicidio.

Preguntada si Assange estaba considerando un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que podría implicar que las autoridades redujeran los cargos a cambio de un reconocimiento de culpabilidad, Stella Assange dijo que su esposo no estaba dispuesto a admitir culpa cuando no aplicaba.

'Lo único por lo que estaría declarando sería por el periodismo', dijo a ABC. 'Se le acusa de recibir información de una fuente, información que era de interés público, que pertenecía al público, y Estados Unidos en realidad está admitiendo, está admitiendo que ahora criminalizan el periodismo'.