Activistas, entre ellos cuatro chilenos, fueron liberados tras estar detenidos por la interceptación de la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza. La deportación está en marcha y organizaciones denuncian violaciones del derecho internacional.
Este jueves, las autoridades de #Israel liberaron a los activistas detenidos tras la interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumud, interceptada en aguas internacionales cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza.
Entre los detenidos estaban los chilenos Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Víctor Chanfreau e Ignacio Ladrón de Guevara, que formaban parte de una misión civil cuyo fin era transportar alimentos, insumos médicos y ayuda humanitaria para la población palestina.
La captura de los compatriotas había sido confirmada previamente por el Centro de Información Palestina, organización que denunció que los activistas fueron “secuestrados” por fuerzas israelíes durante el operativo.
Según la organización jurídica Adalah, todos los activistas detenidos ya abandonaron el centro de detención de Ktziot y fueron trasladados para iniciar su proceso de deportación.
“La mayoría (...) están siendo trasladados al aeropuerto de Ramon para salir del país por vía aérea”, detalló el grupo de abogados, señalando que sus equipos legales siguen el proceso para garantizar la seguridad de los activistas.
La organización además cuestionó duramente el operativo israelí y aseguró que “la interceptación ilegal en aguas internacionales, la tortura sistemática, la humillación y la detención arbitraria de activistas pacíficos constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional”.
Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó que los activistas serían deportados vía #Turquía junto a decenas de ciudadanos españoles que también integraban la flotilla.
La llamada #Flotilla de la Libertad buscó romper el bloqueo que Israel impuso a #Gaza y fue interceptada en aguas internacionales
Este episodio llega en un contexto ya cargado de historia. En 2010, la llamada Flotilla de la Libertad buscó romper el bloqueo que Israel impuso a Gaza y fue interceptada en aguas internacionales; el enfrentamiento dejó muertos y heridos y desencadenó un intenso debate internacional sobre el uso de la fuerza y el derecho marítimo.
Aprobada parte clave del plan de Netanyahu para reformar el sistema judicial de Israel
Los legisladores israelíes aprobaron el lunes una parte clave del plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para remodelar el sistema judicial del país, a pesar de las masivas protestas que han expuesto grietas sin precedentes en la sociedad israelí.Israel sostiene que estas operaciones buscan evitar que materiales que considere peligrosos lleguen a Gaza y que, por seguridad, la frontera y el control de materiales deben ser estrictos para impedir ataques.
Por su parte, varios países y organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas acciones pueden vulnerar el derecho internacional y las libertades civiles, mientras otros defienden que la seguridad de los ciudadanos debe prevalecer ante la llegada de posibles armas o materiales para usos hostiles.
La Franja de Gaza ha estado sometida a un bloqueo impuesto por Israel —con la cooperación de Egipto en ciertos momentos— desde 2007, una situación que Naciones Unidas y otros organismos han descrito como una crisis humanitaria de larga duración.
Los defensores del bloqueo argumentan que sirve para prevenir la entrada de armas y reducir el terrorismo, mientras que los críticos sostienen que las restricciones afectan de forma desproporcionada a la población civil y dificultan el acceso a bienes básicos.
Este dilema sigue alimentando debates internacionales y diversas respuestas políticas entre países aliados de Israel y aquellos que piden mayor apertura humanitaria.
Con la salida de los activistas y la apertura del camino hacia su deportación, este episodio añade una página más a una historia de operaciones navales y misiones de ayuda que, en los últimos años, ha visto choques entre seguridad, derechos y solidaridad internacional.
Para quienes siguen de cerca la región, la noticia subraya que, tras cada intervención, se reabre el debate sobre qué pesa más: la seguridad de los estados o el derecho de civiles a prestar ayuda humanitaria a poblaciones en crisis.