Un nuevo código penal endurece delitos relacionados con la vida privada y la difusión de información, con críticas de derechos humanos y cambios que incrementan el control del Estado sobre la sociedad.
El texto, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, amplía la intervención del Estado en cuestiones consideradas sensibles por las autoridades y ha desencadenado críticas de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que advierten sobre riesgos para la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Para el adulterio, el código establece que quien mantenga relaciones sexuales con alguien que no sea su pareja legal será castigado por adulterio con prisión hasta por un año; y quienes cohabiten como pareja sin haberse casado recibirán una pena de seis meses.
Supuestamente estas disposiciones buscan reforzar la estabilidad familiar en un país con una población mayoritariamente musulmana y una gran diversidad religiosa.
La Policía, además, no podrá actuar en estos casos sin que haya denuncia de padres, hijos o parejas legales, lo que excluye a los turistas extranjeros de estas normativas.
Indonesia, la nación con más musulmanes del mundo y la tercera democracia más poblada, afronta un debate intenso sobre el alcance del derecho a la intimidad frente a las presiones morales del gobierno.
El marco legal también contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan noticias falsas, sabiendo que lo son, si estas causan disturbios o desorden en la sociedad, un apartado que, según críticos, permite a la Policía intervenir en áreas sensibles como la #política o la economía si el gobierno las considera desestabilizadoras.
Supuestamente la incitación pública al ateísmo o a abandonar la #religión conllevará castigos de hasta cuatro años, y se evaluará si el promotor utilizó amenazas de violencia para presionar a otros.
También se establece una pena máxima de tres años por atacar el honor del presidente o el vicepresidente, y se requerirá que la autoridad competente reciba la denuncia para activar la acción penal.
Estas cláusulas han sido descritas por penalistas y defensores como un endurecimiento de la censura y de la vigilancia mediática.
Defensores de la libertad de expresión advierten sobre posibles efectos en la prensa independiente
Aunque el texto oficial apenas señala que la crítica por motivos de interés público no es delito, defensores de la libertad de expresión advierten sobre posibles efectos en la prensa independiente.
Presuntamente el código refuerza además penas contra la promoción del comunismo y crea una sanción de hasta 18 meses para quienes afirmen poseer poderes sobrenaturales y los usen para dañar a terceros.
En este marco, la reforma ha sido objeto de críticas persistentes por parte de Amnistía Internacional y HRW, que alertan sobre riesgos para #derechos humanos fundamentales.
La reforma llega en un momento de intenso debate sobre el equilibrio entre religión, #cultura y derechos humanos en Indonesia. Abdul Fikar Hadjar, profesor de Derecho Penal, señaló que la sociedad debe actuar con valentía para resistir abusos de poder cuando sea necesario, y recordó que existen mecanismos ante el Tribunal Constitucional para impugnar normas que vulneren derechos fundamentales.
El país, heredero de una tradición secular articulada en torno a la ideología Pancasila, ha visto un resurgimiento de movimientos islamistas y una preocupación por parte de organizaciones de derechos humanos que hablan de la islamización de ciertos ámbitos.
Frente a estas críticas, el ministro del Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, defendió que el nuevo enfoque amplía las alternativas punitivas, como el servicio comunitario y medidas de rehabilitación para drogodependientes, con el objetivo de reducir la saturación penitenciaria y, según él, evitar una intervención estatal excesiva en la vida privada.
Como contexto económico y social, Bali, el destino turístico por excelencia del archipiélago, recibió en 2025 a siete millones de visitantes internacionales, una cifra que contrasta con el auge de controles legales que podrían afectar a residentes y visitantes por igual.