El expresidente boliviano Evo Morales busca inscribir su candidatura para las elecciones de agosto, pero enfrenta obstáculos legales y políticos tras la pérdida de la personería jurídica de su partido, Pan-Bol. La situación genera tensiones en el país y amenazas de movilizaciones masivas.

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El exmandatario y exlíder del oficialismo en Bolivia, Evo Morales, ha visto frustrados sus intentos de presentar su candidatura para las próximas elecciones generales de agosto, tras un proceso legal que ha complicado su participación.

Morales, quien gobernó Bolivia en tres periodos consecutivos desde 2006 hasta 2019, intentó registrar su candidatura a través de su antiguo partido, Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol).

Sin embargo, hace dos semanas, las autoridades electorales bolivianas revocaron la personalidad jurídica de esa agrupación política, dejando a Morales sin una plataforma oficial para competir en los comicios.

El intento de Morales de inscribir su candidatura este lunes fue en vano. La candidata que eligió como compañera de fórmula, Wilma Alanoca, exministra en su gobierno, acudió junto a delegados de Morales y del partido a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero no se les permitió ingresar.

Alanoca denunció públicamente que fueron discriminados y que las autoridades pusieron obstáculos de manera ilegal y tramposa para impedir el registro, lo que ha generado acusaciones de manipulación y arbitrariedad.

La situación se complica aún más por el contexto legal. A principios de mes, el TSE dictaminó que tanto Pan-Bol como el Frente para la Victoria (FPV) —el partido con el que Morales había iniciado su carrera y que también perdió su personería— no podían participar en las próximas elecciones debido a que no alcanzaron el 3 % de los votos en los comicios de 2020.

Esta decisión fue resultado de un recurso presentado por un ciudadano, Peter Erlwein Beckhauser, quien logró que una sala constitucional dictaminara en contra del oficialismo, afectando también a la alianza del Movimiento Tercer Sistema (MTS), con la que el actual presidente, Luis Arce, busca mantenerse en el poder.

Desde el tradicional bastión sindical y político del Trópico de Cochabamba, en el centro del país, las bases cocaleras vinculadas a Morales advirtieron en la noche que podrían organizar una “revolución en las calles” para impedir que las elecciones se lleven a cabo si no se permite la candidatura del exmandatario.

Aunque Morales no ha manifestado públicamente su postura respecto a su participación en los comicios, ha compartido en sus redes sociales mensajes en los que repite las amenazas y advertencias de sus seguidores contra el Tribunal Electoral y el Gobierno de Luis Arce, con quien está distanciado desde finales de 2021.

El plazo para registrar oficialmente a los candidatos finalizó este lunes, y en una fecha próxima, el 6 de junio, el TSE publicará la lista definitiva de los postulantes habilitados para competir en los comicios del 17 de agosto.

En esas elecciones, los bolivianos elegirán a su nuevo presidente y vicepresidente, además de renovar el Congreso Nacional para un nuevo período de cinco años.

Morales mantiene la esperanza de participar en estas elecciones, argumentando que está habilitado, pese a que el Tribunal Constitucional ha reiterado que la reelección presidencial solo puede realizarse una vez de forma continua, sin posibilidad de tercer mandato consecutivo.

La ley boliviana establece claramente que los mandatos presidenciales no pueden ser reelectos indefinidamente, limitando las aspiraciones de Morales.

Por otro lado, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lideró Morales durante casi tres décadas y que actualmente está en el poder, ha designado como candidato presidencial al abogado Eduardo del Castillo, quien hasta hace unos días era el ministro de Gobierno en el gabinete de Luis Arce.

La elección de Castillo ha generado resistencia y críticas por parte de Morales, quien considera que esa candidatura no representa los intereses del exmandatario ni del movimiento popular que lideró.

La tensión política en Bolivia continúa en aumento, con amenazas de movilizaciones masivas y protestas en distintas regiones del país, especialmente en el Trópico de Cochabamba.

La población cocalera y los sectores sociales que apoyan a Morales advierten que no aceptarán una elección sin su participación, y que podrían tomar medidas drásticas para defender su derecho a participar en los comicios.

Este escenario refleja una profunda crisis política en Bolivia, marcada por la confrontación entre diferentes facciones y por la incertidumbre sobre el proceso electoral.

La comunidad internacional sigue de cerca la situación, preocupada por la estabilidad del país y el respeto a los derechos democráticos. La organización de las elecciones será un momento crucial para determinar el rumbo político de Bolivia en los próximos años, en medio de un clima de tensión que amenaza con desbordarse si no se encuentran soluciones pacíficas y respetuosas de la ley.