Una afirmación de un alto oficial argentino sobre la ‘boca’ del Estrecho de Magallanes desató una polémica en Chile, mientras se reafirman las fronteras definidas por acuerdos internacionales vigentes.
Una nueva controversia internacional ha vuelto a cruzar el Atlántico de forma inesperada. A principios de año, el contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, afirmó en un podcast de YouTube que la boca del #Estrecho de Magallanes pertenece a Argentina, mientras que, según él, el resto del estrecho sería chileno.
Sus palabras se escucharon por primera vez en enero en el canal ‘OID MORTALES’ y, con el paso de los días, se volvieron virales, provocando una ola de reacciones en Chile.
En el relato del almirante, la frase central fue que “la boca de Magallanes es argentina” y que el estrecho en su totalidad sería chileno, salvo esa parte cercana a Cabo Vírgenes y Punta Dúngenes.
Este enfoque, presentado en un formato informal, ha reabierto un tema que para muchos ya está clarificado por la legalidad vigente.
La réplica no se hizo esperar en Chile. Parlamentarios de distintos colores han puesto en la mesa que la #soberanía sobre el Estrecho de Magallanes “no está en discusión” y que cualquier afirmación fuera de los tratados vigentes dificulta las relaciones con un país vecino.
En particular, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN) calificó las declaraciones como improcedentes y dijo que no reconocen tratados internacionales plenamente vigentes.
Su compañero Daniel Valenzuela (RN) añadió que estas afirmaciones no ayudan al buen entendimiento entre países vecinos. Desde el Frente Amplio, Ericka Ñanco, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue contundente al afirmar que esas palabras ponen en duda la integridad del estuario, base de la soberanía chilena.
Otros legisladores, como Jaime Bassa (FA) y Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano), insistieron en que se trata de límites ya resueltos. Incluso Nelson Venegas (PS) propuso que el Gobierno envíe una nota de protesta formal si fuera necesario.
La respuesta oficial no se hizo esperar. El ministro de Defensa, Fernando Barros, declaró que los límites están claramente establecidos en tratados internacionales, y destacó el Tratado de Paz y Amistad de 1984 como pilar de la definición actual.
La Cancillería chilena, por su parte, recordó que estos acuerdos otorgan la plena soberanía sobre el Estrecho a Chile y aseguran la navegación para todas las naciones, dejando claro que Argentina debe permitir el tránsito expedito sin obstáculos.
En ese marco, se subrayó que la solución de disputas se apoya en textos vigentes y normas del derecho internacional, no en interpretaciones extrañas.
Qué dicen exactamente los tratados? Los límites entre Chile y Argentina se definen principalmente por el Tratado de Límites de 1881 y, más adelante, por el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Delimitando así las soberanías de ambos países
Este último establece que el límite en el extremo oriental del estrecho corresponde a una línea recta trazada entre Punta Dungeness y Cabo del Espíritu Santo, delimitando así las soberanías de ambos países.
Además, se reafirma que el Estrecho de Magallanes está bajo soberanía chilena, que su navegación está garantizada para todas las naciones y que Argentina debe permitir el tránsito expedito hacia y desde el estrecho.
Estos acuerdos, vigentes hasta la fecha, conforman la base jurídica para resolver cualquier disputa en la zona.
Historia y alcance: el Estrecho de Magallanes no es solo una ruta geográfica; es una vía de gran valor estratégico desde que Magallanes y su tripulación atravesaron estas aguas en 1520 durante la primera circunnavegación del mundo.
A lo largo de los siglos, su control ha sido un factor clave para el tránsito entre océanos y para la seguridad de las rutas comerciales. Los marcos legales actuales, forjados en el siglo XIX y consolidados en la segunda mitad del siglo XX, buscan evitar tensiones y mantener la estabilidad regional mediante la seguridad jurídica y el respeto a los compromisos internacionales.
En síntesis, la controversia actual no cambia la vigencia de los tratados, pero sí pone a prueba la capacidad de los países para gestionar diferencias sin afectar la convivencia pacífica.
La objeción de fondo es legal y política: la pertenencia de la boca del estrecho a Argentina choca con la definición chilena basada en acuerdos históricos.
La expectation general es que, a través del diálogo y del riguroso apego a la legalidad, se mantenga la claridad jurídica y el tránsito libre para la navegación internacional, evitando que afirmaciones aisladas distorsionen la realidad bilateral y regional.