Reescritura en español de la noticia original que describe la amenaza de Trump de usar la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas en Minnesota, tras incidentes con agentes federales, con contexto histórico y consideraciones económicas expresadas en euros.
En una publicación en Truth Social, #Trump afirmó: "Si los políticos corruptos de #Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores e insurrectos profesionales ataquen a los patriotas de I.C.E., que sólo intentan hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN".
La advertencia surge apenas una semana después de que un agente de #inmigración disparara supuestamente a un venezolano que huía de un control de tráfico en Minneapolis, durante un incidente que ya ha generado debate público y preocupación entre residentes y autoridades locales.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, durante ese episodio dos personas atacaron al oficial con un palo de escoba y una pala de nieve mientras luchaba con el venezolano, que, según las autoridades, estaba en situación irregular en el país.
La #Ley de Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares en suelo estadounidense
La Ley de Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares en suelo estadounidense, facultad que Trump dice estar dispuesto a activar si fuese necesario para responder a lo que describe como una amenaza a la seguridad pública.
En el plano económico, analistas advierten que un despliegue de este alcance podría generar costos significativos; supuestamente, diversas estimaciones preliminares señalan que el esfuerzo podría traducirse en decenas de millones de euros, dependiendo de la duración y del alcance logístico, aunque estas cifras son objeto de debate y no hay acuerdo definitivo.
Históricamente, la utilización de la Ley de Insurrección ha sido tema de controversia: algunos mandatarios la han empleado en momentos de crisis para intentar restaurar el orden, mientras otros señalan que su uso podría intensificar las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales y estatales, así como con la opinión pública.