Asesinato de Malena Maidana: detienen a tres profesionales de la salud por presunto hurto del teléfono

Nueva arista en el caso de Malena Maidana, la joven asesinada en Ezeiza: tres profesionales de la salud que atendieron a la víctima estarían acusados de hurto de su teléfono. Supuestamente, el dispositivo podría esclarecer el móvil del crimen.

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Supuestamente, estos tres trabajadores de la #salud -un ambulancero, una enfermera y una médica- habrían aprovechado la vulnerabilidad de la situación para sustraer el teléfono celular de la víctima, un iPhone 16.

Según reportes de TN, los detenidos serían un ambulancero, una enfermera y una médica. Supuestamente, el equipo médico había acudido para constatar el fallecimiento de la joven y, durante ese proceso, habrían manipulado las pertenencias de la víctima y sustraído su teléfono.

La ausencia del dispositivo llamó la atención de los investigadores desde el primer momento, ya que el contenido del teléfono podría ser clave para entender el móvil del crimen.

Supuestamente, el material recuperable en esas imágenes y mensajes podría orientar la pesquisa en una dirección que aún no estaba clara.

Al activar el sistema de rastreo satelital del teléfono, la Policía Bonaerense se llevó una sorpresa: el GPS supuestamente indicaba que el teléfono se encontraba dentro de la base operativa de la ambulancia.

La fiscalía ordenó la inmediata detención de los tres sujetos bajo cargos de #hurto calamitoso

Ante este hallazgo, la fiscalía ordenó la inmediata detención de los tres sujetos bajo cargos de hurto calamitoso, un delito que se aplica cuando la sustracción se comete aprovechando una desgracia particular de la víctima.

En relación con el asesinato, las autoridades mantienen bajo custodia a un sospechoso de 22 años, capturado tras el análisis de cámaras de #seguridad que lo ubicaron cerca de Malena en el momento del ataque.

En su poder se secuestraron armas blancas y prendas con manchas hemáticas.

Supuestamente, los costos logísticos y operativos de la #investigación sumarían decenas de miles de euros, una cifra que refleja la magnitud de la pesquisa y la complejidad de las pruebas que deben consolidarse para sostener una eventual imputación.

Este episodio se inscribe en un contexto regional de debates sobre seguridad y violencia, donde se discute la responsabilidad de personal sanitario en escenas de emergencia y la necesidad de salvaguardar la evidencia para evitar intrusiones o malentendidos que compliquen la verdad de los hechos.