El equipo de fiscales solicita la pena capital contra el expresidente Yoon Suk Yeol en relación con una controversial declaración de ley marcial, presuntamente utilizada para movilizar fuerzas frente al Parlamento y provocar tensión política.
En el escrito, los fiscales sostienen que Yoon sería el responsable último de intentar socavar el orden constitucional al declarar la citada ley y, presuntamente, movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional.
La petición llega en un momento de profunda polarización y tensión #política en Seúl, donde la decisión podría redefinir el curso de un caso sin precedentes.
Según el escrito, el despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento habría desatado una grave #crisis política a nivel interno; las autoridades citan como referencia publicaciones periodísticas para sustentar el relato de los hechos, sin descartar que existan diferentes versiones de lo ocurrido.
Los fiscales afirman que esas acciones, presuntamente, constituirían una violación grave del orden democrático y justificarían la pena más severa prevista por la legislación surcoreana.
En su argumentación, subrayan que la capacidad de movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía para reprimir a una institución deliberante representa una amenaza significativa para el sistema de pesos y contrapesos que rige en Corea del Sur.
Este caso llega en un momento en que la sociedad surcoreana se encuentra ante un debate histórico sobre el alcance de la autoridad ejecutiva en situaciones de crisis.
La #pena de muerte permanece en el marco legal del país
A efectos prácticos, la pena de muerte permanece en el marco legal del país, pero desde 1997 existe una moratoria de facto sobre ejecuciones; expertos señalan que esa moratoria ha contribuido a una atmósfera de contención en torno a castigos extremos.
Aun así, el desarrollo de este proceso podría reavivar discusiones sobre la compatibilidad de medidas de emergencia con el estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales.
Entre analistas y observadores internacionales, el caso ha despertado inquietudes sobre posibles repercusiones diplomáticas y la señal que envía a otros actores regionales ante crisis constitucionales.
A nivel interno, la oposición y diversos sectores de la sociedad han pedido prudencia y un respeto escrupuloso a las garantías judiciales, mientras que quienes respaldan a los fiscales sostienen que la defensa de la democracia exige criterios contundentes frente a movimientos que, presuntamente, habrían buscado subvertir el orden constitucional.
Históricamente, #Corea del Sur atravesó una transición democrática a finales de los años 80 y principios de los 90, periodo que fortaleció el papel del Parlamento y consolidó un marco constitucional orientado a evitar concentraciones de poder.
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