El gobierno canadiense busca frenar la interferencia de China y otros países en sus asuntos internos, y para ello ha pedido la asistencia de Australia en la creación de un registro de agentes extranjeros. Esta medida se toma luego de revelaciones de intentos de diplomáticos chinos de influenciar las últimas elecciones federales en Canadá a favor del Partido Liberal, liderado por el Primer Ministro Justin Trudeau. La tensión diplomática entre ambos países ha aumentado y Canadá busca una investigación nacional sobre estas acusaciones.

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El gobierno canadiense ha decidido tomar medidas para prevenir la intromisión de China y otros países en sus asuntos internos.

Para lograr esto, ha recurrido a la ayuda de Australia en la creación de un registro de agentes extranjeros.

Esta decisión surge luego de que se revelara que diplomáticos chinos y personas a sueldo intentaron influenciar en las últimas elecciones federales en Canadá a favor del Partido Liberal, dirigido por el Primer Ministro Justin Trudeau.

Aunque no se cree que estos intentos hayan alterado los resultados de las elecciones de 2019 y 2021, han generado presión sobre el gobierno para iniciar una investigación nacional sobre estas acusaciones.

Además, han aumentado las tensiones diplomáticas entre China y Canadá, llegando incluso a expulsiones mutuas de diplomáticos en mayo pasado.

Como parte del Foro Económico Australia-Canadá, el Fiscal General Federal de Australia, Mark Dreyfus, visitó Toronto el mes pasado y se reunió con funcionarios del gobierno canadiense.


Si bien se negó a comentar sobre la situación política en Canadá, afirmó que se han llevado a cabo conversaciones entre los dos países sobre el esquema de transparencia de influencia extranjera.

Dreyfus destacó que Canadá se interesa en el esquema australiano porque ellos no tienen leyes similares y Australia está dispuesta a ayudarlos.

El Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera de Australia se anunció en diciembre de 2018 y requiere que individuos y corporaciones se registren si realizan actividades registrables en el país, como el cabildeo o actividades de comunicación en nombre de un principal extranjero.

Aquellos que no se registren o no actualicen su información se exponen a multas o penas de prisión de hasta cinco años.