La exprimera ministra Sheikh Hasina fue condenada a pena capital por presuntos crímenes de lesa humanidad en relación con las protestas que sacudieron Bangladesh en 2024. La decisión abre un nuevo capítulo en la historia política del país y genera tensión diplomática con la India.
La decisión judicial marca un hito en la historia del país, que desde hace décadas ha lidiado con tensiones políticas y conflictos internos.
Supuestamente, estas protestas fueron detonadas por un movimiento juvenil y estudiantil que exigía reformas democráticas, mayor transparencia y el fin de la represión por parte de las fuerzas de seguridad.
El estallido social se convirtió en una revuelta que culminó con la salida de Hasina del poder y su huida a la vecina India, donde ha permanecido en el exilio desde entonces.
A lo largo de su mandato, Sheikh Hasina, de 78 años, fue considerada la figura más influyente en Bangladesh, gobernando con mano dura durante más de una década.
Su legado, sin embargo, ha estado marcado por acusaciones de corrupción, represión y, en este caso, presuntos crímenes de lesa humanidad.
El tribunal la acusa de haber ordenado y facilitado asesinatos masivos de manifestantes, así como de utilizar armas letales tanto desde tierra como desde el aire, incluyendo ataques con drones y helicópteros militares.
Estas acciones supuestamente resultaron en la muerte de aproximadamente 1.500 personas, según estimaciones de la ONU en febrero de 2025, en lo que se denominó la “Revolución de julio”.
Además, se le imputan delitos de incitación a la violencia, coordinación de persecuciones y la supuesta responsabilidad en ataques selectivos contra opositores políticos en varias regiones del país.
La condena a cadena perpetua que recibió inicialmente fue por su presunta participación en la incitación y no tomar medidas para prevenir las atrocidades.
La condena a muerte por crímenes de lesa humanidad
Por otro lado, la condena a muerte por crímenes de lesa humanidad, supuestamente ordenada por Hasina, ha generado gran revuelo internacional. La sentencia abre un dilema diplomático, especialmente en relación con la India, país que desde agosto de 2024 alberga a la exlíder en su territorio.
Supuestamente, la India tiene un papel clave en esta situación, dado que existe un tratado de extradición entre ambos países desde 2013. Sin embargo, este acuerdo no es automático y, según expertos legales indios, las acusaciones contra Hasina podrían ser consideradas delitos políticos, lo que complicaría su posible extradición.
La tensión diplomática aumentó horas después de la sentencia, cuando el gobierno interino de #Bangladesh solicitó formalmente a la India la entrega inmediata de Hasina y su colaborador, Asaduzzaman Khan Kamal.
Por su parte, Nueva Delhi afirmó su compromiso con el pueblo de Bangladesh, sin pronunciarse directamente sobre la posible entrega.
Supuestamente, la decisión de India de entregar o no a Hasina dependerá de múltiples factores jurídicos y políticos, incluyendo la interpretación del tratado de extradición y la clasificación de los cargos en la justicia india.
La abogada del Tribunal Supremo de India, Jasmine Damkewala, explicó que los delitos imputados podrían ser considerados políticos, lo que en teoría eximiría a Hasina de la extradición.
En este contexto, la exprimera ministra podría incluso solicitar asilo en India, una opción que, según analistas, podría prolongar su estadía en el país y complicar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países.
