Un informe independiente revela que agencias estatales y religiosas en Nueva Zelanda no solo fallaron en prevenir abusos, sino que también los encubrieron. Se estima que 200,000 personas fueron víctimas durante siete décadas.
Wellington: La investigación independiente de Nueva Zelanda sobre los abusos sistemáticos sufridos por niños y adultos vulnerables a lo largo de varias décadas ha dado a conocer un devastador informe final.
Esta investigación, que se publicó el miércoles, revela que las agencias del Estado y diversas iglesias no lograron prevenir, detener o incluso reconocer el trato abusivo infligido a quienes estaban bajo su cuidado.
Según el informe, la magnitud de los abusos es “inimaginable”, estimándose que alrededor de 200,000 personas fueron víctimas en un periodo de siete décadas, siendo muchos de ellos de origen maorí. Las conclusiones han generado una ola de indignación, y la reacción del gobierno neozelandés ha sido histórica, ya que por primera vez reconoció que el trato que recibieron algunos niños en un conocido hospital estatal fue, de hecho, tortura.
El primer ministro, Christopher Luxon, quien se ha expresado profundamente afectado por el contenido del informe, ha afirmado que el gobierno se compromete a ofrecer una disculpa oficial a todas las víctimas de abusos ocurridos en el sistema estatal, en hogares de acogida y en instituciones religiosas desde 1950. La disculpa está programada para el 12 de noviembre.
Luxon calificó esta como una “día oscuro y doloroso” para Nueva Zelanda, indicando que el país siempre se había visto a sí mismo como excepcional, pero la realidad indica que no es así. El informe de la comisión real concluyó un proceso de seis años de investigación, el cual fue motivado por dos décadas de sondeos similares realizados en diferentes partes del mundo que buscan enfrentar los abusos por parte de las autoridades contra los niños que fueron separados de sus familias y colocados en cuidados institucionales.
El informe califica los resultados de “una vergüenza nacional”. De los 650,000 niños y adultos vulnerables que estuvieron en el cuidado del Estado, en hogares de acogida y bajo la supervisión de organizaciones religiosas entre 1950 y 2019, casi un tercio sufrió algún tipo de abuso físico, sexual, verbal o psicológico.
Muchos más fueron objeto de explotación o negligencia.
La magnitud de estos abusos no solo afecta a las víctimas, sino que también pone la lupa sobre la responsabilidad de las instituciones que no protegieron a los más vulnerables.
En referencia a esta crisis, el costo de las compensaciones que el Estado tendría que asumir podría ascender a miles de millones de euros, no se han dado cifras exactas, pero los costos reflejan la gravedad del problema.
La historia reciente de Nueva Zelanda se ha visto empañada por estas revelaciones, donde la sociedad debe ahora enfrentar el oscuro legado de negligencia y abusos en su sistema de cuidados.
Las palabras de disculpa del primer ministro son un primer paso, pero el camino hacia la reparación y la justicia para las víctimas será largo y complicado.