El Consejo de Gobierno del País Vasco aprueba la formación de una comisión técnica que realizará un diagnóstico sobre las medidas económicas de reparación a víctimas del régimen franquista, con el fin de identificar posibles déficits y definir futuras acciones.
Esta iniciativa, que ha contado con el respaldo de la Consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, forma parte de las acciones contempladas en la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática, la cual busca reconocer y reparar los daños sufridos durante esa etapa.
La comisión, adscrita al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos - Gogora, tendrá un plazo de un año para realizar un exhaustivo estudio que describa las medidas de reparación existentes y evaluar en qué grado estas han sido efectivas.
Además, el análisis permitirá identificar posibles carencias o déficits que requieran acciones complementarias para garantizar una reparación integral y justa a las víctimas.
Es importante contextualizar que, en la historia de Euskadi, la memoria de las víctimas del franquismo ha sido un tema pendiente durante décadas. La dictadura de Franco, que duró desde 1939 hasta 1975, dejó profundas heridas en la sociedad vasca, marcada por represiones, exilios y pérdidas humanas que aún generan impacto.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática busca ahora dar pasos concretos para reconocer oficialmente el sufrimiento sufrimiento de las víctimas y ofrecer mecanismos adecuados de reparación.
La creación de la comisión fue aprobada en la reunión del 9 de julio del pasado año por el consejo de dirección de Gogora, y hoy ha sido ratificada por el Consejo de Gobierno vasco.
Y estará integrada por expertos en derechos humanos
La comisión será presidida por el Director de Gogora, Alberto Alonso, y estará integrada por expertos en derechos humanos, #memoria histórica y justicia social, como Ainhoa Zugasti, directora de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Departamento de Justicia, y otros especialistas en la promoción de la memoria y la convivencia democrática.
Entre los objetivos principales de esta iniciativa se encuentra determinar qué medidas reparadoras ya existen, evaluar su alcance y definir qué acciones complementarias podrían implantarse, incluyendo posibles indemnizaciones que reconozcan el daño sufrido.
En cifras aproximadas, el coste de las reparaciones puede variar, pero en euros, las indemnizaciones y medidas de reparación en otros contextos internacionales han oscilado entre 10.000 y 50.000 euros por víctima, dependiendo del nivel de daño y las circunstancias específicas.
Este paso en #Euskadi forma parte de un movimiento más amplio en España y Europa, donde diferentes regiones están recuperando su memoria histórica mediante leyes y programas que buscan dignificar a las víctimas y promover la convivencia democrática.
