En Euskadi, la Consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha informado sobre una serie de iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la justicia a través de una mayor asignación de recursos para la Justicia Gratuita.

Este anuncio se realizó durante la inauguración del seminario titulado 'Ministerio Fiscal, medios tecnológicos y ejercicio de la acción pública' en el Palacio de Justicia de Bilbao.

Según San José, el Gobierno vasco tiene como objetivo principal asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios judiciales sin barreras.

Para alcanzar este objetivo, la consejera adelantó que se incrementarán sustancialmente los fondos destinados a la Justicia Gratuita, la cual es vista como una puerta crucial para la accesibilidad a la justicia.

Además, se realizará un estudio exhaustivo para identificar y mitigar las dificultades que enfrentan las personas, ya sean estas de carácter físico, económico, tecnológico o de confianza, que pueden limitar su acceso a los servicios judiciales.

La Consejera también hizo hincapié en la necesidad de fomentar medios alternativos de resolución de conflictos para descongestionar tribunales y aliviar la carga sobre la fiscalía.

Ella subrayó que lo importante no es quién toma la decisión en un conflicto, sino que el problema se resuelva de manera efectiva.

Otro punto crucial mencionado fue la importancia de la alfabetización digital en el sistema judicial.

San José destacó que modernizar la justicia implica no solo equipar a los operadores jurídicos con tecnología avanzada, sino también dotar a la población de las habilidades necesarias para utilizar estos recursos.

La falta de aprovechamiento de derechos, conocida como 'non take-up of rights', representa una preocupación significativa para las instituciones.

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Particularmente, la consejera explicó que se está trabajando en este aspecto en dos niveles: desarrollando recursos destinados a personas con distintas discapacidades y revisando el catálogo de aplicaciones para asegurar que cumplan con los estándares necesarios.

Asimismo, se está diseñando un plan de alfabetización digital específicamente dirigido a personas mayores, con el fin de integrar este segmento de la población en el uso de servicios públicos digitales.

"Una sociedad civilizada no puede excluir a quienes son una parte significativa de su población de estos servicios", argumentó.

Asimismo, San José recordó que en el Plan de Justicia Digital se contempla la educación digital para los operadores jurídicos, incluidos abogados y procuradores.

La tecnología está revolucionando la manera en que el Ministerio Fiscal opera, haciéndolo más ágil y efectivo, pero también ha creado una nueva brecha digital que afecta la eficiencia de los miembros de la Fiscalía.

La consejera finalizó su discurso subrayando la necesidad de alcanzar una interoperabilidad plena entre los diferentes sistemas judiciales,una meta que considera esencial para simplificar procesos y modernizar el sistema de justicia mediante el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Estos anuncios llegan en un momento en que la justicia accesible y efectiva es un tema cada vez más relevante, no solo por la creciente demanda de servicios jurídicos, sino también por la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica o social, puedan hacer valer sus derechos en el marco de un Estado de Derecho.