La empresa La Pau S.C.C. recibe la adjudicación del servicio de ambulancias de Bizkaia con un plan de mejora en la gestión de nóminas y tesorería.
Este movimiento no es solo un cambio de adjudicatario, sino que viene acompañado de una hoja de ruta detallada que la empresa ha desarrollado para los próximos seis meses.
Esta estrategia está enfocada en robustecer la gestión y control de las nóminas, asegurando que los procesos sean más fiables y proporcione garantías a los trabajadores.
En un contexto en que la seguridad laboral es cada vez más importante, este tipo de medidas ayudan a consolidar la confianza de los empleados en su lugar de trabajo.
La historia reciente del servicio de ambulancias en Bizkaia ha estado marcada por algunas controversias. En junio, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la CAE (OARC) solicitó al Departamento de Salud que revisara la adjudicación a La Pau.
Esta revisión fue impulsada por un recurso presentado por el sindicato UGT, que mencionó retrasos en los pagos de nómina, específicamente de uno o dos días.
Sin embargo, tras un proceso de alegaciones, la empresa demostró que estos retrasos fueron situaciones puntuales ocurridas en marzo y abril de 2023, y que durante el resto del año había cumplido con sus obligaciones salariales de manera puntual.
Además, La Pau ha implementado diversas medidas financieras para abordar y resolver posibles dificultades de liquidez que pudieron haber afectado su capacidad operativa.
En este sentido, se ha presentado un plan de tesorería que busca asegurar que estos problemas no se repitan una vez se dé inicio a la ejecución del nuevo contrato.
La cual a su vez sustenta esta propuesta en un informe de legalidad emitido por los servicios jurídicos del Departamento de Salud
La Mesa de Contratación, tras revisar la situación, informó favorablemente a la Oficina de Control Económico, la cual a su vez sustenta esta propuesta en un informe de legalidad emitido por los servicios jurídicos del Departamento de Salud.
Finalmente, el visto bueno de la OCE se tradujo en la adjudicación formal del servicio, que se materializó mediante la resolución de la Viceconsejería.
Es importante destacar que, durante este proceso de transición, el contrato existente ha seguido en vigor, garantizando así la continuidad del transporte sanitario en la región.
