La comunidad autónoma de Euskadi ha comparecido ante la comisión correspondiente para detallar los procedimientos de desalojo de okupas en viviendas sociales y presentar los planes económicos para 2025 relacionados con estas acciones.
Este proceso responde a la creciente preocupación sobre la #ocupación ilegal en recursos públicos destinados a la #vivienda social, un problema que ha ido en aumento en los últimos años en varias regiones de España y que también afecta a comunidades como la vasca.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana compareció ante los diputados para explicar cómo se está gestionando esta problemática. La intención del #Gobierno Vasco es garantizar que las viviendas sociales, que en la región tienen un precio de mercado que puede oscilar alrededor de 300 euros por mes en alquiler, sean destinadas a las familias que realmente las necesitan y no vulneradas por ocupantes sin derechos.
Además, se detallaron los pasos que se siguen en el proceso judicial para proceder al desalojo, que incluye un procedimiento que puede variar desde varias semanas hasta meses, dependiendo de la complejidad del caso y la vía judicial elegida.
Por otro lado, también se abordó el uso del presupuesto asignado para 2025, específicamente la partida identificada con el código 09 4312 22 721, correspondiente a la aplicación del canon en viviendas vacías.
La cantidad destinada a estas acciones en ese ejercicio presupuestario asciende aproximadamente a 25 millones de euros, lo cual equivale a unos 27 millones de dólares o cerca de 25 millones de euros, en función de la cotización actual.
El objetivo de estos fondos es financiar programas y acciones dirigidas a reducir la vivienda vacía en la región y facilitar el acceso a una vivienda digna
El objetivo de estos fondos es financiar programas y acciones dirigidas a reducir la vivienda vacía en la región y facilitar el acceso a una vivienda digna.
El gobierno vasco ha señalado que, hasta la fecha, se han financiado diversos conceptos relacionados con el mantenimiento y gestión de viviendas vacías, incluyendo campañas de inspección y control, así como medidas legales para facilitar los desalojos y regularizar viviendas ocupadas ilegalmente, siempre respetando los derechos de los propietarios y de las personas que ocupan las viviendas de manera irregular.
Asimismo, en el cronograma presentado se contempla que, durante 2025, se abordarán otros aspectos, como la ampliación de recursos para el #desalojo y la mejora de los procedimientos judiciales existentes para reducir los tiempos de resolución.
El Gobierno Vasco reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la protección del derecho a la vivienda, promoviendo políticas que combatan la ocupación ilegal sin afectar los derechos de las personas vulnerables que necesitan asistencia habitacional.
El tema refleja la tensión existente en muchas comunidades españolas, donde la ocupación ilegal se ha convertido en un asunto complejo que requiere de medidas integradas y respetuosas con los derechos humanos.
