Las jornadas sobre 'Defensa colectiva de las personas consumidoras' se llevan a cabo en Euskadi, promoviendo la protección de los derechos de los consumidores en un contexto digital.

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En el País Vasco, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia lleva a cabo en estos días un evento dedicado al tema de la "Defensa colectiva de las personas consumidoras", contando con el respaldo del Gobierno del País Vasco.

El acto inaugural fue presidido hoy por Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, junto con María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos.

Mañana, las jornadas serán clausuradas por Tontxu Rodríguez, director de Kontsumobide, la agencia vasca de consumo.

El consejero Hurtado destacó la misión conjunta que tienen tanto el poder judicial como Kontsumobide en la protección y fortalecimiento de los derechos de los consumidores en diversas áreas competenciales.

En este contexto, afirmó que "desde Kontsumobide hemos trabajado arduamente para adaptar nuestras herramientas a los cambios en los hábitos de consumo y pago, lo que incluye la reciente aprobación en abril de 2023 de una nueva Ley de consumo".

Según Hurtado, esta legislación es innovadora y se sitúa entre las más avanzadas, especialmente en relación a la protección de grupos vulnerables.

Además, enfatizó que para que las directrices de esta ley tengan un impacto real, es esencial la colaboración de los jueces y juezas en su aplicación, los cuales tienen la responsabilidad de establecer jurisprudencia y defender los derechos de los consumidores.

Por su parte, María Jesús San José destacó el valor de estos espacios de reflexión, subrayando que son cruciales para continuar avanzando en la defensa de los derechos de los consumidores.

En su intervención, hizo hincapié en la necesidad de adaptarse a un entorno globalizado y digitalizado en el que las nuevas tecnologías y modelos de consumo presentan desafíos continuos.

En este sentido, San José abogó por un "plus de protección" para grupos vulnerables como las personas mayores, quienes a menudo enfrentan desconexión digital y son más propensas a sufrir cláusulas abusivas en contratos.

La consejera también resaltó los esfuerzos realizados por el Gobierno del País Vasco en la creación de mecanismos eficaces que permitan a todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situaciones vulnerables, acceder a la justicia gratuita y a la protección de sus derechos, independientemente de su condición económica.

"La justicia debe ser un derecho real y efectivo, y no pueden existir barreras económicas, sociales o geográficas que obstruyan el ejercicio de los derechos de nuestros ciudadanos", concluyó.

Estos encuentros resaltan una preocupación histórica en torno a la necesidad de proteger los derechos de los consumidores, una necesidad que se ha intensificado con el crecimiento de la economía digital y las plataformas de comercio electrónico.

A lo largo de los años, numerosos estudios han evidenciado que los grupos más vulnerables, como las personas mayores o aquellos con menos habilidades digitales, son los más afectados en este nuevo panorama, lo que hace aún más relevante estas iniciativas y el compromiso del Gobierno Vasco para garantizar sus derechos.