Supuestamente, altas esferas del Ministerio de Transportes habrían intervenido en la contratación de personal en ADIF, en un caso que recuerda a escándalos políticos del pasado y que salpica a figuras clave del gobierno de Sánchez.
La controversia gira en torno a la figura de Jésica Rodríguez y su presunto vínculo con altos responsables del Ministerio de Transportes, en particular con el exministro Ábalos, presuntamente relacionado con la gestión de contratación en el ente ferroviario.
Supuestamente, Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de ADIF, habría solicitado en al menos dos ocasiones que no se molestara a Jésica, por orden del propio ministro Ábalos.
Este hecho, que supuestamente se repitió en varias ocasiones, revela una posible influencia externa en decisiones administrativas de una entidad que, en teoría, debería actuar con total independencia.
El senador Jerez afirmó que Ignacio Zaldívar, ex director de gestión administrativa en ADIF, jugó un papel clave en la protección de Jésica Rodríguez, a quien supuestamente se le habría facilitado su contratación, mantenimiento y blindaje en la empresa pública Tragsatec, sin que ella hubiera desempeñado funciones concretas.
Según las declaraciones, Zaldívar remite el currículum de Jésica, presiona a técnicos y valida informes de trabajo falsificados, ignorando advertencias internas.
Todo ello, supuestamente, bajo instrucciones verbales que, según testimonios, procedían de Pardo de Vera y del propio Ministerio.
Cabe recordar que en el pasado, en 2018, se destapó otro escándalo similar en el ámbito de la contratación pública, en el que se presuntamente manipuló el proceso para favorecer a ciertos vinculados políticos, evidenciando un patrón de prácticas que comprometen la transparencia y la legalidad.
En su comparecencia, Zaldívar reconoció que fue Isabel Pardo de Vera quien le llamó a su despacho para interesarse por la situación laboral de Jésica, a petición también del exministro Ábalos.
Sin embargo, supuestamente, Zaldívar negó recordar si informó a Tragsatec de que Jésica era sobrina del ministro, a pesar de que Virginia Barbancho, otra funcionaria, habría declarado que fue Zaldívar quien le informó de este vínculo familiar.
El senador Jerez afirmó que Zaldívar también recibió múltiples advertencias internas sobre incumplimientos laborales, pero en lugar de actuar, transmitió la orden de dejar de controlar la actividad de Jésica, bajo la justificación de órdenes de Pardo de Vera.
Esto, supuestamente, facilitó que la contratación irregular y la protección de Jésica continuaran sin obstáculos.
Además, Jerez cuestionó los motivos por los cuales Zaldívar remitió un currículum y validó informes falsos, permitiendo que Jésica fuera asignada de manera irregular a ciertos cargos sin justificación legal.
Evidenciando un posible entramado de corrupción
Supuestamente, estas acciones vulneraron principios básicos del empleo público y la legalidad administrativa, evidenciando un posible entramado de corrupción.
El senador concluyó que Zaldívar no puede considerarse un personaje cualquiera en este proceso, sino un colaborador consciente de una actuación que, según todos los indicios, manipula los procedimientos administrativos en beneficio de intereses políticos.
La comparecencia dejó en evidencia la posible existencia de órdenes superiores para blindar ciertos nombramientos, en un contexto donde la transparencia pública se ve claramente comprometida.
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