El organismo de protección financiera en EE.UU. busca que un juez elimine una regulación que impedía incluir las deudas médicas en los informes crediticios, lo que podría afectar a millones de consumidores.
En un giro que podría marcar un antes y un después en la protección de los derechos de los consumidores en Estados Unidos, el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha solicitado ante un tribunal la eliminación de una normativa implementada durante la administración de Joe Biden, la cual buscaba mantener las deudas médicas fuera de los informes crediticios.
Esta medida, que fue aprobada en los últimos días del mandato de Biden, pretendía prohibir que las deudas médicas se reflejaran en los informes crediticios y que las instituciones financieras no usaran el historial de deudas médicas para tomar decisiones de préstamo.
La iniciativa fue vista como un avance significativo para los millones de estadounidenses que enfrentan dificultades para pagar sus facturas médicas, y que a menudo sufren las consecuencias en su puntaje crediticio, incluso cuando la deuda es de bajo monto o ya fue saldada.
El 30 de abril, el CFPB presentó una moción conjunta con la Asociación de Industria de Datos Crediticios y la Liga de Cooperativas de Crédito Cornerstone, solicitando a un juez federal en Texas que anule esta regulación, argumentando que excede la autoridad legal del organismo.
La normativa en cuestión había sido diseñada para proteger a los consumidores, evitando que las deudas médicas antiguas o de menor cuantía afectaran su historial crediticio.
La propuesta inicial era que la regulación entrara en vigor en marzo pasado, pero debido a una demanda presentada por algunos grupos del sector financiero, un juez en el Distrito Este de Texas decidió suspender la implementación por 90 días, retrasando su inicio hasta el 15 de junio.
Sin embargo, en lugar de defender la normativa, el CFPB optó por unirse a la solicitud de los grupos empresariales, argumentando que la regulación excede las facultades del organismo y que debería ser anulada.
Por su parte, diferentes grupos de consumidores han manifestado su preocupación ante esta decisión, insistiendo en que la regulación representaba un paso importante para evitar que las deudas médicas antiguas o de menor monto sigan perjudicando la calificación crediticia de millones de estadounidenses.
Patricia Kelmar, directora sénior de campañas de salud en la organización U.S. PIRG Education Fund, expresó: “Estoy decepcionada por los 15 millones de personas que tienen facturas médicas en sus informes crediticios y que sufren las consecuencias de un puntaje bajo debido a ello”.
La Asociación de Industria de Datos Crediticios, que representa a las principales agencias de informes crediticios, celebró la decisión del CFPB de no defender la regulación.
Dan Smith, su presidente, afirmó: “La normativa habría impedido a los prestamistas contar con información completa y precisa para evaluar a los solicitantes”.
Además, remarcó que las empresas del sector continúan comprometidas en ofrecer datos correctos para facilitar el acceso a productos financieros.
Las deudas médicas representan más de la mitad de las deudas relacionadas con cobros en los informes crediticios, según un informe del propio CFPB de 2022.
Sin embargo, las principales agencias ya han eliminado varias categorías de deudas médicas, como las deudas pagadas, las pendientes de menos de un año y las deudas menores a 500 dólares (unos 470 euros).
Incluso si la normativa no logra mantenerse, hay un consenso bipartidista en que se deben proteger a los consumidores de sanciones crediticias injustas debido a facturas médicas antiguas.
Este tema cobra relevancia en un contexto en el que la salud financiera de millones de estadounidenses continúa siendo vulnerable. La regulación buscaba aliviar esa carga, protegiendo a quienes enfrentan gastos médicos elevados y desproporcionados, que en algunos casos alcanzan cifras de miles de dólares (más de 9.400 euros). La posible derogación de esta normativa podría significar que, en el futuro, las deudas médicas vuelvan a afectar negativamente la puntuación crediticia de muchas personas, dificultando su acceso a créditos, hipotecas o incluso empleos que revisan los informes crediticios.
Expertos en economía y protección al consumidor advierten que, si bien hay intereses económicos en mantener la inclusión de todas las deudas en los informes, también existe un impacto social que no puede ser ignorado.
La historia muestra que, en varias ocasiones, las regulaciones destinadas a proteger a los consumidores han sido revertidas o debilitadas por intereses de sectores financieros, lo que podría perjudicar a quienes más lo necesitan.
En conclusión, la posible eliminación de esta regulación representa un punto de inflexión en el debate sobre los derechos de los consumidores y la responsabilidad de las instituciones financieras.
La comunidad espera que los tribunales tomen en cuenta el impacto social y económico de esta decisión, y que, en última instancia, se priorice el bienestar de los ciudadanos sobre los intereses económicos particulares.
